Archivado el caso de las oposiciones de la Diputación por falta de pruebas

Un auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de León acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra la Diputación en el polémico caso de las supuestas filtraciones en las oposiciones para optar a 40 plazas de auxiliar administrativo, celebradas durante el último trimestre del 2008. Un asunto en el que fueron demandados la propia responsable de la institución provincial, Isabel Carrasco, el diputado de Personal de aquel momento, Raúl Valcarce, funcionarios e integrantes del tribunal y el ya ex gerente del PP, José Antonio Maté.

A todos ellos, los querellantes les acusaban de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Los demandantes, según consta en el auto, ligaban lo que consideraban irregularidades al anhelo de Isabel Carrasco de «asegurarse el triunfo en el Congreso del PP de León, celebrado el 13 de diciembre del 2008». Entre los argumentos de los denunciantes, el magistrado resalta también: «... se han filtrado los exámenes a Carrasco y ésta, a su vez, se los ha pasado a los responsables del PP para que los filtrasen a las personas que querían a toda costa que superasen la oposición».

Una vez analizadas las diligencias de la instrucción, el juez destaca «la falta cuando menos del rigor que se precisaría para poder dictar una resolución de imputación formal». Igualmente, incide en el auto en la falta de soporte probatorio «en la controvertida circunstancia de la filtración de los exámenes que hace que debamos acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones».

Explica también en el auto que «por más afinidades que los querellantes quieran ver, ello no autoriza a concluir que, necesariamente, aquellas óptimas calificaciones en algunos casos, estén vinculadas a una filtración de los exámenes, auspiciada por algunos, varios o todos los querellados».

Reconoce, no obstante, que «podrá, tal vez, hablarse de sospecha o de creencia pero, en cualquier caso, carente de rigor y de respaldo probatorio suficiente como para poder advertir, en cuanto a la denunciada filtración, la concurrencia de indicios que pudieran considerarse firmes y definitivos de culpabilidad en los querellados...».

En tono irónico, el magistrado llega a reconocer que «no resulta extravagante concebir que los opositores con lazos o parentesco con cargos del PP o de la Diputación, rayando casi lo milagroso, obtuvieron en el primero de los ejercicios notas, ciertamente, extraordinarias de más de 9 y 10». Acude al Estado de Derecho para sustentar las exigencias que requieren una imputación formal y habla de que no pueden avalarse con «meras sospechas, recelos, suspicacias o conjeturas, sino que se precisa de indicios, esto es, de datos o circunstancias que sean de expresión, signo o vestigios de la culpabilidad». Recuerda que los querellados negaron haber favorecido «de ningún modo la controvertida filtración».