Un grupo de trabajo de las Cortes dirá cómo se aplica el canon a las eléctricas
Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer la creación de un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de aplicar un tributo a las compañías eléctricas que operan en la Comunidad y abogaron por que se realice desde la prudencia, el rigor y las garantías jurídicas para que la compensación que se pretende imponer a esas empresas no repercuta en la tarifa de la luz de los ciudadanos.
La proposición no de ley consensuada por los tres grupos de la Cámara -”PP, PSOE y Mixto-” se defendió sin fisuras por Raúl de la Hoz, Pedro Nieto y Joaquín Otero, quienes insistieron en el rigor con el que se debe estudiar el hecho imponible para que no sea recurrido por las eléctricas, ni tenga un reflejo en la factura de los usuarios, lo que calificaron de la «línea roja» principal que no se debe cruzar.
Así, para no cruzar esa «línea roja», el socialista Pedro Nieto planteó como ejemplo la norma extremeña que recoge de forma expresa, en uno de sus artículos, la prohibición para una alteración que repercuta en el consumidor.
Precisamente, sólo el socialista Pedro Nieto habló de «extrañeza» del cambio producido en la Junta para aceptar que se estudie este tributo y lo atribuyó a una «acción reacción» por el recurso de estas compañías contra el decreto del Gobierno central para primar los incentivos por la quema de carbón autóctono.
Nada más tomar la palabra, el popular Raúl de la Hoz aseguró que «no hay ninguna hostilidad» hacia las eléctricas y defendió que se trata de imponer una compensación «justa» por el impacto medioambiental y social en la explotación. El PP es enemigo de crear impuestos, recordó el procurador, pero añadió, por ello, que el tributo se moverá desde el principio de no gravar a los consumidores.
Otero, después de relatar como surgió el acuerdo entre los grupos tras el debate de totalidad donde él volvió a pedir ese canon, como existe en varias comunidades, se refirió a dos principios: «Quien contamina paga» y la compensación por el aprovechamiento de los recursos, en este caso los embalses, por lo que dijo que las compañías se embolsan 166 millones al año.
Por su parte, Nieto argumentó que toda fuente de energía produce un impacto negativo al medio ambiente y entonces todas ellas deberían contar con un tributo, pero matizó que no es igual una nueva producción que otras que están consolidadas. Por ello, reiteró la necesidad de atar bien lo que se quiere gravar para que haya una seguridad jurídica.