Casi 800 mineros siguen negociando su paro pese al «gesto» de las eléctricas

Casi 800 trabajadores de la las explotaciones mineras de la provincia siguen negociando los expedientes de regulación de empleo que les enviarán al paro durante los próximos meses, sin que el «gesto» de las eléctricas de inyectar liquidez a las exhaustas arcas de las empresas del carbón haya conseguido paralizar las regulaciones de empleo. 800 puestos de trabajo directos más que se sumarán a los más de 2.000 que en las últimas semanas han pasado al paro a través de los distintos ERE planteados tanto por el Grupo Alonso como por el Grupo Viloria.

La inyección de liquidez que para las empresas mineras ha supuesto el pago por parte de Endesa y Unión Fenosa de un 40% del importe correspondiente a la facturación de un mes (19,5 millones de euros para las empresas leonesas y la asturiana Carbonar, que habían dejado de facturar en marzo) se destinará a calmar a los acreedores de las compañías, algunos de los cuales amenazaban ya con instar el concurso de acreedores. Pero no permitirán normalizar la situación con las plantillas y las contratas anteriores a la crítica situación a la que se han visto abocadas las empresas del carbón en el último año y medio.

De hecho los 140 trabajadores de la plantilla de Coto Minero Cantábrico afectados por el último ERE presentado por el Grupo Alonso siguen esperando sentarse a la mesa de negociación, dentro del perioco de consultas en el que se encuentra el expediente. Ayer los 1.200 trabajadores de las 20 contratas que pasaron al paro hace dos semanas cobraron la nómina de octubre. Mientras, los trabajadores del Pozo Calderón temen que la regulación de empleo encubra en realidad un cierre de la explotación, y advierten de que una solución hasta el 31 de enero no supone ninguna garantía para su futuro.

También siguen negociando los 450 trabajadores de las contratas de la Hullera Vasco Leonesa, 250 de las cuatro empresas del Grupo Peal, los 80 de Cidsa y los 120 de 2M Mecsek. El dirigente de USO Marcos Martínez Valledor considera que las empresas están presionando a los trabajadores a que lleguen a un acuerdo sobre los términos de las regulaciones con el «gancho» de los complementos que paga la Junta a los expedientes que se presentan con acuerdo. Por su parte Aller advierte de que el marco de estas ayudas está fijado de momento en el final de año, y que no hay garantía de que se vaya a prorrogar el próximo ejercicio. Los 250 trabajadores de Peal tienen planteado un expediente temporal por tres meses, mientras los otros 200 de las otras dos contratas están a la espera de conocer los términos de sus regulaciones.

En Alto Bierzo, del Grupo Viloria, se mantiene también la negociación del ERE para los 180 trabajadores de la plantilla, que quedará en sólo 20 personas de mantenimiento.