Diario de León

La UE debate la forma de eliminar los derechos históricos ligados a la PAC

Europa estudia desde hoy la aplicación inmediata de las reformas en los subsidios

Un mujer realiza tareas agrícolas en una finca del Páramo leonés.

Un mujer realiza tareas agrícolas en una finca del Páramo leonés.

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Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) empezarán a discutir hoy las propuestas de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agrícola Común y de sus ayudas. La Junta y las organizaciones agrarias de Castilla y León defienden el mantenimiento de las ayudas, que suman anualmente casi 100 millones de euros para León, 924 millones de euros para esta Comunidad. El Consejo de Agricultura comunitario se posicionará sobre las primeras propuestas presentadas por Bruselas para la revisión de la PAC, que se aplicará en 2014, fecha en que acabarán los actuales presupuestos comunitarios. Asistirá la ministra española del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, acompañada por el consejero de Agricultura extremeño, Juan María Vázquez, que este semestre representa a las autonomías en el Consejo del ramo de la UE. Los Veintisiete comenzarán a debatir acerca del futuro de la PAC, la política que más fondos absorbe de la UE, un 40 por ciento del total y que supone un gasto de 59.799,6 millones de euros, con España como tercer beneficiado, con 7.487 millones (datos de 2009). Los ministros opinarán sobre el proyecto presentado por el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, con las grandes líneas para la reforma agrícola.

El documento incluye ideas para cambiar considerablemente el reparto de la subvenciones actuales, con el fin de hacerlas más justas y más ecológicas, pero la propuesta está muy abierta porque no incluye cifras sobre el dinero que tendrá la PAC, ya que la reforma dependerá de la negociación general del presupuesto de la UE para 2014-2020. Aunque da tres opciones, desde no cambiar nada hasta una reforma radical, la CE se inclina por acabar con el sistema de reparto actual de subsidios, que están basados en unos «derechos históricos» y según un número de campañas anuales concretas. Bruselas pretende que en lugar de esas referencias históricas, que considera obsoletas, se ponga en marcha otro tipo de subvención, en la que aumenten las exigencias ecológicas para el cobro de las primas y sean más cuantiosas para los que las cumplen. Según la CE, la ayuda estaría compuesta, por un lado, por una prima fija para una región o un país y por otro, por una proporción que se concedería vinculada a que el productor preste unos «servicios» al medio ambiente, como la conservación de pastos, la rotación de cultivos o la reserva de zonas para fauna y flora. La CE quiere igualar el trato a los agricultores de los antiguos y de los nuevos.

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