Vivienda aporta la financiación para las VPO de alquiler de San Mamés
El Gobierno y la Junta rubrican el acuerdo para construir ya el proyecto
Silván, segundo por la izquierda, frente a Beatriz Corredor, segunda por la derecha.
El proyecto de 155 viviendas de alquiler de precio público del barrio de San Mamés ya tiene un suelo. Se lo puso ayer el Gobierno, mediante la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, que firmó con la Junta el acuerdo de concesión de cerca de 6 millones de euros para la construcción -"500 euros por metro cuadrado más un 30% para espacios comunes-" de la infraestructura, destinada a mayores de 65 años, menores de 30 años, personas con discapacidad o movilidad reducida y colectivos en riesgo de exclusión como víctimas de violencia de género. El resto de la financiación, los alrededor de 7,5 millones de euros que suman el presupuesto total de 13,5 millones para ejecutar la edificación, le corresponden a la adjudicataria, Arboleya Visorén Norte; la empresa que se hizo con el concurso para el desarrollo de más de 520 pisos de esta tipología, en siete parcelas dotacionales propiedad del Ayuntamiento, de los que tan sólo se llevarán adelante dentro de este mandato este bloque, situado frente al centro de salud de La Palomera y el instituto Ordoño II. A cambio de la construcción y el mantenimiento, la sociedad catalana gana el derecho a la explotación de los alquileres durante un periodo de 25 años, aunque bajo la tutela de los precios que fije el consistorio.
El cheque del alquiler, según las previsiones con las que trabaja el Ayuntamiento, irá de 185 a 268 euros, acomodado a la superficie de las viviendas, que van de 45 a 70 metros cuadrados, además de plaza de garaje. Unos planos de distribución que en la planta baja del edificio, donde se ejecutarán las viviendas para personas con movilidad reducida, describen que se construirá como complemento de la infraestructura un centro cívico de 720 metros cuadrados para los vecinos del barrio.
Para la definición de los beneficiarios de las viviendas el Ayuntamiento tendrá que fijar unos criterios, entre los que se fijarán como prioritarios los ingresos, con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el antiguo salario mínimo interprofesional, que está en 532,51 euros mensuales, como base de evaluación.
Con la calificación a punto, el Ayuntamiento espera que en los primeros meses del 2011 esté en construcción la infraestructura, que se prevé que pueda estar acabada antes de que finalice el presente año.
Comisión Bilateral. La firma del acuerdo para la VPO de León se enmarcó dentro de la Comisión Bilateral mantenida por Vivienda con la Consejería de Fomento de la Junta, dirigida por Antonio Silván, en la que se vieron beneficiados otros 18 ayuntamientos para actuaciones urbanas, alojamientos protegidos y rehabilitación de una bolsa de casi 3.000 viviendas.