El enfrentamiento aplaza al día 8 el debate sobre el reglamento
El sector del carbón sigue pendiente de la decisión de Bruselas sobre su futuro inmediato.
El duro enfrentamiento entre los países de la Unión Europea partidarios de cerrar el sector minero cuanto antes y aquellos que reclaman un mayor margen para el carbón provocó que ayer la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) aplazara para la solución del nuevo reglamento de ayudas a las minas de carbón no competitivas para su reunión de la próxima semana, concretamente el miércoles día 8. En la reunión, además de los representantes de las embajadas de los países miembros, participó una representación del Colegio de Comisarios, que se comprometió finalmente a elaborar una nueva propuesta de reglamento que llevará a la reunión dentro de ocho días.
Un respiro con muchos matices para el sector, ya que en el encuentro de ayer los comisarios defendieron su propuesta inicial, la más dura de las planteadas hasta el momento: ayudas ligadas exclusivamente al cierre de las explotaciones, que concluyan en el 2014 y que se reduzcan a razón de un 33% cada quince meses. En cualquier caso, los comisarios aceptaron revisar las valoraciones sobre la propuesta de reglamento que han realizado las distintas instituciones económicas comunitarias, y en especial el documento aprobado por el Parlamento Europeo por una amplia mayoría.
En realidad el encontronazo de ayer entre los distintos países sobre las subvenciones a la deficitaria industria del carbón no fue más que una breve exposición de las posturas que los distintos intereses han mantenido en los últimos meses. El asunto del reglamento que deberá entrar en vigor a partir del próximo uno de enero se debatió en último lugar en la reunión de los representantes permanentes en la UE, después de haber analizado otros 22 puntos que figuraban en el orden del día.
Sin tiempo para el debate, quedó de manifiesto el rechazo frontal a mejorar la propuesta de la Comisión Europea no sólo del Colegio de Comisarios, sino de los países sin minas o que basan su industria en el carbón importado: Bélgica (país que ejerce la presidencia este semestre), Holanda y Suecia, fundamentalmente. En contra, los países con industria minera propia, entre ellos España (además de Alemania, Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia).
La representación española explicó ante el Coreper que la actual propuesta supone el desmantelamiento de una industria que consideran estratégica, además de llevar aparejada un coste social elevado; e insistió en la tesis de el reglamento se base en un programa de finalización de las ayudas, pero no ligadas al cierre de las explotaciones. Los países que defienden el carbón autóctono rechazan que, después de los avances logrados desde julio en las distintas instituciones, se vuelva ahora a postulados iniciales que suponen liquidar al sector sin darle la posibilidad de competir en el futuro en un mercado libre.
Este grupo de países afectado por los planes de cierre reclaman también que sea cada gobierno el que establezca el régimen de reducción de las ayudas en función de los planes de reestructuración del sector en cada caso.