Cerca de 4.000 leoneses podrían cobrar la Renta de Ciudadanía a partir de enero
La Junta aprueba el reglamento de la ayuda a personas en «desamparo absoluto»
Rosa Castro e Ignacio Fernández.
Que los derechos sociales avancen en tiempos de crisis parece un ideal para cualquier ciudadanos que pocos gobiernos están dispuestos a hacer realidad. Así lo manifestó el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO) en León, Igancio Fernández, durante la presentación de la Renta Grarantizada de Ciudadanía (RGC) que la Junta de Castilla y León comenzará a prestar a partir del uno de enero.
La RGC es el nuevo derecho subjetivo que ha aprobado la Junta de Castilla y León por el que las personas o familias en exclusión social podrán contar con unos ingresos de al menos 426 euros -”el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)-”más complementos en función de los miembros que compongan la unidad familiar.
La renta es «el último eslabón» en los derechos sociales y se concederá a aquellas unidades familiares que hayan agotado todas las posibles prestaciones anteriores, explicó la secretaria de Políticas Sociales de CC.OO en León, Rosa Castro. La RGC se concederá a las unidades familiares en las que ningún miembro cuente con ingresos por encima de los umbrales establecidos por la Junta. Las unidades familiares que cuenten con ingresos y que no lleguen a los límites marcados por el reglamento que regula la ayuda recibirán complementos por importe de la diferencia entre los ingreses y los límites.
Ignacio Fernández adelantó que la medida podría beneficiar a «cerca de 4.000 personas en León», aunque habrá que esperar a que empiecen a llegar solicitudes a los CEAS y las Gerencias de la Junta.
Requisitos mínimos. Rosa Castro explicó que tampoco se va a producir una avalancha de solicitudes ya que los solicitantes «deben cumplir muchos requisitos» para que se les conceda la ayuda. El primero es estar empadronado en la Comunidad con al menos un año de antigüedad; el segundo tener entre 25 y 64 años; y el tercero estar, como mínimo, al borde de la exclusión social.
La Junta ha garantizado que todos los expedientes de solicitud se resolverán en un plazo menor de tres meses y que la prestación se cobrará a lo largo del tiempo que persista la situación que provoco la situación de exclusión social de los beneficiarios.
Con esta medida el gobierno autonómico pretende que se garantice el cobro para los excluidos coyunturales. También se otorgarán a personas que convivan juntas sin tener vínculos familiares, que a efectos de la renta, constituirán una unidad familiar.