Los empleados dudan de la eficacia del acuerdo que paraliza ahora los despidos

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, y los representantes de los trabajadores de UGT, CC.OO, CSI-Csif, USO e Independientes firmaron ayer el acuerdo que establece las condiciones y garantías mínimas que cumplirá la redacción y aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Andrés. Con esta rúbrica, el equipo de gobierno se comprometió a no continuar la tramitación administrativa del documento aprobado el pasado 30 de diciembre y que ha provocado indignación y preocupación entre los 371 trabajadores municipales. Sin embargo, el documento firmado ayer no implica la revocación del acuerdo adoptado en sesión plenaria sobre el borrador inicial, que será el punto de partida para confeccionar la RPT, pero sí establece un consenso global a la hora de dar el visto bueno a la reestructuración de la plantilla. Los trabajadores mostraron en asamblea su escepticismo porque el equipo de gobierno no anuló el acuerdo plenario y se utilizará la propuesta actual como base de trabajo. El acuerdo logrado entre sindicatos y administración establece, en primer lugar, que «será necesario e indispensable» un acuerdo entre los trabajadores y el equipo de gobierno para aprobar la RPT y se deberá materializar en la mesa general de negociación. A partir de ahora, la comisión paritaria de redacción de la RPT tendrá un plazo de 15 días para que los trabajadores presenten las alegaciones que consideren oportunas al documento inicial referidas a las fichas descriptivas de las funciones de cada uno de ellos y con las que no están de acuerdo la mayoría de ellos.

Mientras tanto, y en el mismo tiempo, la comisión paritaria elaborará el Manual de Valoración que se utilizará posteriormente para establecer la realción de cada puesto de trabajo con sus retribuciones.

El acuerdo fija que los trabajos de valoración y clasificación de cada uno de los empleados municipales deberá estar concluido antes del próximo 31 de marzo. A partir de esa fecha comenzará a tramitarse el expediente administrativo que conducirá a la aprobación definitiva de la RPT, que estará lista antes de las próximas elecciones municipales, según las previsiones iniciales.

La amortización de plazas de personal laboral y de funcionarios interinos que recoge la propuesta de RPT, unas sesenta plazas, es uno de los temas que más preocupa a los sindicatos y que también aparece reflejado en el acuerdo.

Así, establece que las medidas de reestructuración, reasignación y amortización que se puedan deducir de la nueva relación de puestos de trabajo y que el Ayuntamiento de San Andrés necesite emprender, se harán en el marco normativo de un plan de empleo negociado y consensuado por ambas partes y acorde con la legislación vigente. También reconoce que en la asignación definitiva de puestos de trabajo se tendrá en cuenta la situación de aquellos trabajadores que estén en situación de eventualidad o interinidad.

Durante la asamblea en la que los representantes sindicales dieron a conocer el acuerdo, los trabajadores mostraron su preocupación por las fichas descriptivas que contiene la propuesta y, sobre todo, por la no anulación del acuerdo plenario que la aprobó.

Así, mostraron sus reticencias ante un acuerdo que, consideraron, tiene menos peso y validez jurídica que el que se adoptó en Pleno. A su vez, los sindicatos pidieron unidad a los trabajadores e incidieron en que «el documento tendrá que ser negociado desde el principio hasta el final».

Para el Ayuntamiento era innegociable la no revocación del acuerdo del Pleno así como mantener el borrador de la RPT como base para elaborar la nueva propuesta. A cambio se comprometió a paralizar la tramitación administrativa del documento y consensuar el texto definitivo.

Los concejales presentes en la mesa negociadora, Patricia Fernández y Óscar Álvarez, accedieron durante unos minutos a la asamblea de trabajadores para transmitirles «tranquilidad» porque el Ayuntamiento «nunca ha querido adoptar el acuerdo definitivo sin la aprobación de los sindicatos». Añadieron que no se aplicará «ninguna medida sin consenso.