Dignidad para la escuela represaliada

En la Guerra Civil las armas se impusieron a las letras dejando tras de sí un rastro de sangre y humillación especialmente «cruel» en el magisterio. Setenta y cinco años después «las letras colocan en un lugar de la Historia a quienes ejercieron el magisterio con una enorme dignidad», afirmó ayer en el Auditorio de León el historiador Javier Rodríguez durante la presentación del libro Muerte y represión en el Magisterio en Castilla y León de la Fundación 27 de Marzo. El también historiador y codirector de la obra, Enrique Berzal, reconoció verse sorprendido por «la saña con que se depuró al magisterio» en las nueve provincias y, particularmente en León, Burgos, Ávila y Zamora, pese a que Castilla y León (con excepción del Frente Norte asturleonés) «no fue una zona conflictiva para los militares» sublevados el 18 de julio de 1936. El objetivo era claro: «Destrozar la obra de la escuela republicana, democrática, laica e innovadora, heredera de la Institución Libre de Enseñanza, para imponer el ideario nacionalcatólico», subrayó. Un análisis avalado por el discurso de quien fue ministro de Educación entre 1939 y 1951, Ibáñez Martín, y que Javier Rodríguez rescató de los archivos: «Ha sido preciso someter una tarea dolorosa pero necesaria, de aniquilamiento y depuración (...). Al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta tarea de purificación. Pero un interés religioso y un soberano interés nacional lo exigían así». El ministro, recordó Rodríguez, «todavía mantiene los títulos de Doctor Honoris Causa en varias universidades españolas». El Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares da cuenta del alcance de esta «purificación». Allí están los expedientes de los 927 docentes purificados en la provincia de León, la que arroja, además, el mayor saldo de maestros paseados o fusilados tras un consejo de guerra. Hay una lista de 45 que aún no está cerrada y que, según Javier Rodríguez, se irá ampliando «en la medida en que se abran más fosas o salgan a la luz archivos personales». En Castilla y León suman casi doscientas las víctimas mortales. Pero más allá de las cifras, enfatizó Berzal, «el libro resalta el impacto cualitativo de esta represión pues supuso un retroceso brutal en la calidad de la enseñanza posterior» al prescindir el régimen de la «enorme talla profesional y humana de los maestros asesinados y destituidos». Sus puestos, ganados con títulos y oposiciones, «fueron ocupados por excombatientes, maestros en prácticas o estudiantes de Magisterio, curas y «gentes de orden y sanos». Aquella generación perdida del Magisterio, que ahora recuperó su dignidad con su reconocimiento, eran en muchos casos «maestros queridos y respetados en los pueblos». Pero el mero hecho de «no haber cooperado al triunfo del Movimiento Nacional» fue motivo de represión. Los asesinados se llevaron la peor parte. Muchos no tuvieron partida de defunción hasta pasados varios años. Muchos siguen desaparecidos en fosas olvidadas en montes y cementerios. Los vivos sufrieron traslados forzosos, suspensión de empleo y sueldo de un mes a dos años, postergación desde uno a cinco años, inhabilitación para cargos de confianza y directivos y hasta separación definitiva del servicio. Para muchos fue la muerte en vida. O la humillación de regresar al servicio y formar a su alumnado en columna militar para cantar el himno de la Falange —el Cara al Sol— que fue parte de las enseñanzas fundamentales de varias generaciones.