La carne incautada lleva años congelada y no tiene el imprescindible registro sanitario

La investigación destapada por DIARIO DE LEÓN para determinar de dónde han podido llegar a León los cuatro mil kilos de carne caducada, en mal estado y sin la trazabilidad que marca la Ley para que pueda ser comercializada sigue su curso y se centra, precisamente, en determinar el lugar de procedencia de esas cuatro toneladas. A medida que avanzan las pesquisas del Seprona, bajo el control de la Fiscalía de León, se descubren nuevas pruebas. Las últimas, señalan que esas cuatro toneladas de carne son de varios lotes y de varios años.

De hecho, según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, alguna de la carne congelada incautada en varias naves y cámaras frigroríficas de San Andrés del Rabanedo y del entorno matadero de León es de hace dos años y no tiene el registro de Sanidad, que se coloca en el matadero donde se haya sacrificado el animal y que es imprescindible para que pueda ser posteriormente comercializada.

Precisamente, y aunque la investigación apunta claramente hacia la creencia de que la carne ha llegado a León del extranjero, más concretamente de algún país de Europa del Este aún por determinar, la ausencia de ese registro sanitario ha reactivado el camino hacia la posible existencia de un matadero ilegal y, por supuesto, clandestino. Los agentes del Seprona últiman los detalles de la investigación para tratar de cerrarla en esta semana. La mayor preocupación, además de saber su procedencia, es saber si esta carne ha podido llegar al consumo humano, extremo que no sigue sin ser confirmado. De hecho no se descarta que haya podido haber venta directa a particulares.

La Fiscalía lo confirma. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León, Emilio Fernández, confirmó ayer la existencia de una denuncia ante la Fiscalía Provincial por la aparición de cuatro toneladas de carne en mal estado que supuestamente podría estar destinada a su comercialización, extremo que trata de contrastar la investigación.

«En estos momentos hay un investigación abierta y se ha decretado el secreto del sumario en la investigación, con lo cual no hay mucho más que decir. Simplemente puedo constatar que ese asunto obra en poder de la Fiscalía y que lo está tramitando el Juzgado de Instrucción correspondientes para decretar qué responsabilidades pueden derivar, si es que las hay», afirmación con la que el fiscal jefe confirmó punto por punto la información del DIARIO DE LEÓN.

Además, otras fuentes judiciales señalaron que, tal como adelantó este periódico hace 24 horas, por el momento no se han producido detenciones, pero tampoco pudieron concretar si las habrá en lo sucesivo, puesto que de momento la investigación que se centra en la empresa Friolen, con domicilio en San Andrés del Rabanedo, todavía tiene recorrido. Siguiendo el protocolo de actuación de la Junta, el material intervenido ha sido decomisado y se encuentra en una nave precintada, a la espera de que el juzgado determine si se ha producido un posible delito contra la salud pública o si por el contrario solamente se trata de una irregularidad.