Los despidos en las agencias de desarrollo le cuestan 700.000 euros a la Diputación
Los cuatro trabajadores que ya han solicitado su readmisión están cobrando sin realizar ninguna actividad
Un juzgado de León ha emitido una sentencia desfavorable a la Diputación por la que tendrá que abonar 700.000 a nueve trabajadores del servicio de desarrollo, que fueron despedidos en el 2009 de manera improcedente, según la decisión del juez.
Los servicios jurídicos del Palacio de los Guzmanes ya han anunciado que recurrirán la sentencia contraria a los intereses de la institución provincial ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.
Los demandantes han alegado que la institución provincial vulneró los derechos laborales fijados en el convenio colectivo en base al cual se firmaron los contratos de empleo de los integrantes del servicio de desarrollo. Además, los trabajadores figuraban en la relación de puestos de trabajo de la Diputación.
El auto del juez recoge el derecho de los empleados despedidos a ser indemnizados o a reincorporarse a su actividad en las tareas de la Diputación en condiciones legales.
La situación se ha visto agravada porque, según fuentes sindicales, de los nueve demandantes, cuatro han solicitado ya la reincorporación al trabajo. Sin embargo, el servicio de recursos humanos de la Diputación les ha solicitado que no acudan a su puesto de trabajo, por lo que estos empleados estarán cobrando de los fondos públicos que gestiona la institución provincial sin que lleven a cabo ninguna actividad.
En cuanto a los que han solicitad compensación económica, el montante que se tendría que liberar de las arcas provinciales asciende ya a cerca de 700.000 euros.
La Unión General de Trabajadores (UGT) tilda la situación de bochornosa y adelanta que hay pocas posibilidades de que el TSJ revoque la sentencia y modifique las obligaciones contraídas por la diputación.
Uno de los trabajadores tendrá que ser indemnizado con cerca de 50.000 euros, cuando le restan escasos meses para alcanzar la edad legal de jubilación.
Entre las actividades que desempeñaba el servicio desmantelado hace dos años por la administración provincial se encontraban la ampliación del tejido empresarial de la provincia con la promoción de negocios particulares, la búsqueda de recursos en el entorno de la provincia y la dinamización de la estructura de la sociedad leonesa.
La Diputación suma este fallo a otros procesos judiciales que mantiene abiertos en materia de relaciones laborales.