La Junta decidirá en 15 días si impone una tasa a las industrias eléctricas

La tasa ambiental para la producción eléctrica y el transporte que se impondrá a las eléctricas está cada vez más cerca. Así lo aseguró ayer la consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, aunque señaló que «oficialmente aún no han recibido la contestación de la Comisión Nacional de la Energía». «Cuando llegue lo analicemos pormenorizadamente, pero parece que no va a haber problemas ni repercusión de ese impuesto medioambiental a los castellanos y leoneses», explicó la política del gabinete de Juan Vicente Herrera en relación a que las eléctricas no puedan poner un recargo en la factura eléctrica de los usuarios. Sin embargo, añadió que «parece que el Ministerio sí podría poner un suplemento territorial», pero denegó tal recargo al no haberlo realizado en otras Comunidades. «Sería ilógico», abundó.

Del Olmo avanzó también que con el trabajo del anteproyecto de ley la Junta «está recopilando los datos necesarios para ver el volumen de las presas, la potencia instalada y ver una banda de actuación para establecer un máximo que va a determinar la configuración del impuesto». A su vez añadió que tienen intención de reunir en el máximo de quince días al grupo de trabajo compuesto por la Junta y los tres grupos parlamentarios de la Cortes de Castilla y León para definir el acuerdo final. Sin embargo, la consejera señaló un aspecto preocupante que aparece en el informe de la Comisión Nacional de la Energía: «la cuestión de marginalidad de la producción eléctrica en hidroelectricidad, porque podría condicionar el tipo de gravamen, ya que no se puede hacer que una actividad eléctrica».

Pese a este juicio de la consejera del gobierno autonómico, la Comisión Nacional de la Energía hizo público ayer en su página web el informe, en el que señala que «el suplemento territorial debería aparecer desglosado al usuario, por imposición del artículo 18.6 de la Ley de Sector Eléctrico».