La Oficina Judicial de León entrará en funcionamiento el próximo 8 de junio

El Gobierno pondrá en marcha la Oficina Judicial de León el próximo día 8 de junio, según confirmó ayer el decano de los jueces de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El anuncio oficial se efectuará desde la página web del Ministerio de Justicia previsiblemente la semana próxima «puesto que este tipo de acuerdos no se publican en el Boletín Oficial del Estado», explicó Suárez-Quiñones.

«Desde un primer momento habíamos barajado la puesta en marcha de la NOJ (Nueva Oficina Judicial) a principios de verano. Hubo una intentona inicial de acometer el proyecto en el primer trimestre, pero resultaba más aconsejable ver cómo se desarrollaba la experiencia piloto de Burgos», reconoció el decano. A mediados de esta semana han comenzado a llegar ya a los juzgados las circulares en las que se anuncia la puesta en marcha del nuevo sistema. «Esperamos que las cosas funcionen bien, aunque es un cambio importante y no va a ser fácil»

De acuerdo al calendario de actuaciones que se ha elaborado, a finales de este mes se publicarán los listados con los destinos definitivos del personal. En mayo comenzarán los cursos de formación para iniciar a los funcionarios en los nuevos programas informáticos, familiarizarse con los manuales de procedimiento y los nuevos puestos y una semana antes de la fecha de puesta en marcha, se realizará la mudanza con el cierre de los antiguos equipos informáticos y la migración de los procedimientos a los nuevos sistemas.

Nueva organización. A partir de ahora se constituirán como servicios procesales comunes el servicio común de registro y reparto de asuntos que llegan a los juzgados y tribunales, recepción de escritos, demandas, atestados o querellas entre los distintos órganos judiciales competentes, el servicio común de actos de comunicación a las partes, testigos y peritos, que también llevaría las «diligencias de calle», como los embargos y lanzamientos, el servicio común de estadística judicial para conocer el estado de la Administración de Justicia y poder adoptar medidas adecuadas, el servicio común de celebración de actos de conciliación en los pleitos civiles y laborales y el servicio común de ejecución de sentencias.