Azadinos recupera las 36 hectáreas de la gravera tras un pleito de siete años

La junta vecinal de Azadinos ha conseguido recuperar las 36 hectáreas que ocupaba la gravera de la empresa Hormigones Llanos, Celestino Llanos García, Materiales y Construcciones Llagar, tras una batalla judicial emprendida en el 2004. El último capítulo en los tribunales se cerró el pasado día 9 de junio, fecha en que la compañía remitió un escrito al juzgado de Primera Instancia número 7 de León para hacer efectiva la entrega de la finca a la pedanía.

Atrás quedan siete años de litigio por unos terrenos «muy jugosos por su ubicación», en palabras del pedáneo, Isidoro García (UPL), ya que están situados junto al río Bernesga, próximos al campo de golf y limitan con la localidad de Carbajal de la Legua.

De hecho, la solución al conflicto da alas a la junta vecinal para negociar nuevos alquileres o cesiones del terreno, por el que se han mostrado interesadas ya varias empresas relacionadas con el ocio y el deporte, entre ellas, una compañía especializada en circuitos de kartings y otra en organización de eventos.

Las acciones legales se iniciaron tras dos decretos firmados por el entonces alcalde de Sariegos, Ismael Lorenzana, que ordenaban a todas las empresas relacionadas con Celestino Llanos el desalojo de los terrenos aledaños al río Bernesga sobre los que estaba ejerciendo una actividad de gravera-cementera y depósito de materiales. Se establecía como fecha límite el 28 de octubre del 2004.

Con cadena. La empresa consideró lesionados sus derechos y recurrió al contencioso administrativo, que desestimó su petición el 27 de marzo del 2007. Ese mismo año, el Ayuntamiento dio un paso más y colocó una cadena disuasoria a la entrada de las instalaciones, lo que originó otro pleito paralelo y varias visitas de la Guardia Civil. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestimó en el 2009 la última apelación de la compañía contra las medidas de cierre adoptadas por el equipo de Gobierno de Sariegos.

Además, los magistrados ratificaron el desalojo de los terrenos que ocupó la gravera durante 35 años por considerar que su actividad se desarrolló «sin ningún tipo de licencia o autorización». También respaldaron la iniciativa del Ayuntamiento de colocar la cadena para prohibir el acceso a la parcela.

La sentencia dio argumentos a la junta vecinal de Azadinos, propietaria de las 36 hectáreas, para intentar recuperar el uso del suelo. Una recuperación cuya primera medida fue romper el contrato de alquiler por doce años sellado en el 2003 con el empresario para que desarrollara una actividad de planta de hormigón y depósito de áridos, al entender que el alto tribunal había invalidado a la compañía a ejercer esas tareas. No obstante, la gravera pide a la junta vecinal en su escrito de entrega de la finca que les dejen «retirar los áridos clasificados y las tierras vegetales aún allí depositadas». Recuerdan que fueron desalojados y que tuvieron que abandonar «objetos y materiales» que no pudieron «sacar de su interior por carecer de paso para ello, amén de que no era posible entrar con maquinaria adecuada para el desalojo (por la colocación de la cadena)».

La pedanía aspira a reconvertir la zona en un pulmón verde.