Diario de León

El sector eléctrico ha perdido el 30% de sus empleos con la crisis

Apietel denuncia la ineficacia de la Ley de la Morosidad y la falta de financiación

Los instaladores electricistas reclaman financiación.

Los instaladores electricistas reclaman financiación.

León

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El sector eléctrico ha perdido entre un 20 y un 30% de los empleos que generaba antes de la crisis, y además las perspectivas no invitan al optimismo a los empresarios leoneses de una actividad que no acaba de tocar fondo. Así lo explica José Manuel Rodríguez Cuevas, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Afines de León (Apietel), que acaba de celebrar su congreso anual.

«El número de empresas se mantiene prácticamente igual, pero se han perdido muchos puestos de trabajo. Los empresarios estamos obligados a adaptarnos a la situación, se recortan todos los gastos posibles y el despido de los trabajadores es la última de las medidas que queremos tomar. Pero no hay más remedio: no sólo la situación financiera de las empresas es límite, sino que no hay trabajo. Ojalá tuviéramos que contratar a muchas personas más».

Rodríguez Cuevas resume la sensación de «desánimo» de todo el sector al que representa: «Creemos que esta situación va para largo, no repunta. Desgraciadamente no vemos perspectivas positivas, aunque esperamos que los políticos que ahora han tomado el mando puedan enseñar alguna carta más positiva. Nosotros seguimos demandando trabajo y recordando a las administraciones el esfuerzo que están haciendo las empresas por mantenerse en activo».

Precisamente las administraciones, que son la principal fuente de trabajo de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones (junto con la construcción, pero las perspectivas en este sector no son precisamente esperanzadoras), son también uno de sus grandes problemas.

Morosidad creciente. «La Ley de la Morosidad no ha servido para nada. Incluso estuvimos en una plataforma creada para debatir el problema, pero al final casi salimos perjudicados. Ahora nuestros proveedores nos obligan a pagar en los 85 días que marca la ley; sin embargo quienes nos tienen que pagar a nosotros buscan fórmulas para retrasar los abonos, y eso nos crea graves problemas de financiación». Rodríguez Cuevas lamenta que «cuando conseguimos cobrar, que no es siempre, nos pagan a más de 180 días». También reclama más sensibilidad por parte de las entidades financieras a la hora de flexibilizar sus créditos a las empresas. «Durante años se han beneficiado de nuestros negocios, no es justo que ahora pongan unas condiciones de financiación que son prácticamente imposibles de cumplir».

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