Un año de suspensión de empleo y sueldo para Lasarte por la trama solar
La Junta dice que el juez le da la razón al sancionar la gestión de su ex secretario
Javier Lasarte, en su última comparecencia pública.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León ha rebajado de tres a un año la suspensión de empleo y sueldo al ex secretario general de la Junta en León, Javier Lasarte, por su implicación en el escándalo de los huertos solares. El juez entiende que, si bien la falta es muy grave, no hubo «especial menoscabo» para la administración autonómica, que fue quien le impuso la citada medida después de conocerse que Lasarte simultaneaba su cargo en la Junta con el de administrador de una empresa que se dedicaba a la gestión de licencias para huertos solares con el fin de después venderlas.
El delegado de la Junta, Eduardo Fernández, aseguró ayer, tras conocer el fallo, su «pleno respeto» a la decisión judicial, al tiempo que mostró su satisfacción porque, según añadió, viene a confirmar que la Junta «tenía la razón» a la hora de sancionar la conducta de su número dos en la provincia de León como falta grave e incompatible con el cargo que ostentaba. Fernández añadió que la Junta estudiará si presenta recurso al fallo del juez de lo Contencioso en los próximos días.
A raíz del escándalo, en 2008, Javier Lasarte fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo por espacio de tres años en aplicación de la Ley de Incompatibilidades.
La investigación culminó con tres ceses, nueve implicados -seis de ellos funcionarios- y casi 400 autorizaciones de plantas de energía fotovoltaica investigadas.
Lasarte permanece de baja desde el 30 de julio de 2010 de baja médica, justo tres días después de que otro juzgado, en esa ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, estimara el recurso de apelación de la Junta contra un auto dictado en noviembre del 2009 que suspendía de forma cautelar la sanción disciplinaria que se le había impuesto.
El primer fallo entendía que mientras permaneciese abierto el proceso judicial no se podía ejecutar la ejecución del castigo impuesto por la aplicación de la Ley de Incompatibilidades, que penalizaba el desarrollo de negocios de carácter privado por parte de funcionarios con cargos públicos.
León fue la provincia más afectada por el escándalo, que tuvo ramificaciones por toda la Comunidad.