Sólo cuatro de los implicados en la trama solar han cumplido su sanción
La Junta duda aún si recurrir la rebaja de la inhabilitación de Lasarte a un año
Un huerto solar cercano a la capital leonesa.
El ex secretario general de la Junta en León, Javier Lasarte, no ha sido el único que ha acudido a los tribunales para demandar una rebaja en la inhabilitación de tres años impuesta por la Junta, que ahora el juez ha fijado en un año. Otros dos ex altos cargos de la administración autonómica en León, el ex jefe de Industria, Emilio Fernández Tuñón, y la ex responsable de Fomento, Ana Suárez, también vinculados al escándalo, mantienen abiertos sendos procesos en un juzgado de lo Contencioso de la capital, según fuentes de la Junta, si bien en ambos casos ya se rebajó sustancialmente la sanción, que pasó de una propuesta inicial de un año a dos meses de suspensión de empleo y sueldo. Mientras, la Junta estudia todavía si recurre el fallo a favor de Lasarte.
De los siete funcionarios que fueron expedientados en la trama en León, hasta ahora sólo cuatro han cumplido la sanción. Los cuatro corresponden a funcionarios del servicio de Industria y fue de un mes de empleo y sueldo, que asumieron de forma escalonada, según las mismas fuentes.
Precisamente el procurador del Grupo Parlamentario Socialista Jorge Félix Alonso denunció la pasada legislatura el incumplimiento de las sanciones de los expedientes disciplinarios a 11 altos cargos de la Administración autonómica. Alonso dijo entonces que la Junta no ha mostrado voluntad de resolver el fondo de la cuestión y «no ha querido molestar a los expedientados, no sea que impliquen a otras personas».
La investigación abierta por la Junta afectó a los jefes del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de León y Palencia; el secretario territorial de la Junta en León; la jefa del Servicio de Fomento de León; el secretario territorial de Zamora y el jefe del Servicio de la Tesorería General, así como seis funcionarios de base. Fuera de la investigación estuvo el jefe del Servicio de Industria de Palencia, por haber accedido al cargo por concurso, y otro funcionario de Zamora, que elevó a 14 los afectados.
La Junta siempre defendió la legalidad de las autorizaciones para la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica.