López Benito intenta anular el contrato con una empresa que despidió a su mujer

Acaba de empezar el mandato y la sombra ya se cierne sobre José María López Benito. Sin área definida en el organigrama de gobierno del Ayuntamiento de León, José María López Benito no ha querido que su papel se quede tan sólo en ser portavoz. Un empeño que hizo que convenciera al alcalde, Emilio Gutiérrez, para que le delegara la presidencia de la mancomunidad para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz (Saleal), en la que están representados los consistorios de la capital, San Andrés, Villaquilambre, Santovenia y Sariegos. El organismo que tiene entre sus manos uno de los contratos más jugosos: el de mantenimiento de la depuradora, con una factura de 125 millones de euros para los próximos 25 años.

El concurso se resolvió antes de las elecciones a favor de Aquagest. La misma empresa que forma parte junto al Ayuntamiento de la sociedad mixta Aguas de León, de la cual también se ha convertido ahora en presidente, y que durante el pasado mandato despidió a la mujer de López Benito, quien había entrada sin proceso de selección y se quedó en la calle, al igual que un a persona cercana a la familia de Lázaro García Bayón, cuando Francisco Fernández y Javier Chamorro se enteraron del parentesco. «Trabajó durante 3 meses y acabó muy bien con la empresa. Yo tengo claro que la empresa no tuvo nada que ver y que todo se debió a una orden política del entonces alcalde del PSOE, quien mandó que se la echara porque yo soy del PP, pese a que no intervine para que se la contratara», sostiene el implicado. «Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es un argumento alucinante», remata quien fuera controvertido edil de Obras con Amilivia.

La sombra de la duda. Con este condicionante, el edil popular, ante el asombro del resto de miembros de Saleal que desconocen su caso con la empresa, se ha dedicado desde incluso antes de su entrada oficial en el pleno de la mancomunidad a promover un informe en el que sustentar la posible revocación del contrato, tras sembrar dudas sobre la adjudicación formal en el periodo interino que hubo entre las elecciones y la entrada del nuevo equipo de gobierno; así como sobre la cuantía de la oferta: la más cara. «Llama la atención que sea 10 millones por encima del resto de las licitadoras y que tenga la peor calificación en la parte económica. No pueden intentar convencernos de que la peor económicamente es la mejor», advierte López Benito, quien no niega que en el sobre técnico Aquagest logró la mejor puntuación gracias, entre otras, a que propone que los beneficios de la generación de electricidad a partir de la biomasa de la depuradora revertirán en la mancomunidad y, a la larga, hará que sea más rentable. Criterio que tuvieron en cuenta los técnicos municipales para proponer la adjudicación.

Frente a esta valoración, se acoge a casi los mismos argumentos que han esgrimido las empresas perdedoras del concurso y que han recurrido: Acciona y la UTE Aqualia-Gruporaga; empresa ésta última cuyo director general, Javier Nuevo, es amigo personal de López Benito. «Le conozco, como conozco a otros de muchas empresas, pero este tipo de decisiones no se toman en base a relaciones personales», afirma. «Hay algunas cuestiones en la adjudicación que cuanto menos son un poco llamativas, como por ejemplo que se adjudique a caballo entre dos mandatos», explica el portavoz del PP, quien obvia que la propuesta fue aprobada por unanimidad de la asamblea y se centra en que «se delegó la firma en el presidente», que entonces era el socialista Francisco Gutiérrez, «y con los plazos muy apurados».

El proceso legal. La motivación del concurso nació debido a la finalización del anterior contrato, que vencía el 26 de marzo. Más de un mes antes, el Pleno de Saleal aprobó el pliego. El informe de las ofertas llegó a la mesa de la mancomunidad el 16 de mayo, seis días antes de las elecciones. Allí, se decidió apoyar la propuesta de adjudicación de los técnicos a favor de Aquagest. Además, se facultó al entonces presidente, Francisco Gutiérrez, para que procediera a la firma de la adjudicación formal, con el apoyo de todos: el alcalde de Sariegos, Juan Carlos Hidalgo (PP); el alcalde de Santovenia, Francisco González (PSOE); y el edil de Villaquilambre Vicente Álvarez (UPL).

La adjudicación formal por parte de Francisco Gutiérrez se produce el 31 de mayo, en periodo interino de gobierno, y después de que el 17 de mayo se corrija un párrafo de la adjudicación en el que se detallaban las posibles vías para recurrir la adjudicación. Modificación a la que se agarran las otras dos empresas del concurso, Acciona y Aqualia-Groporaga, para interponer un recurso el 2 de junio que intenta paralizar la adjudicación y que es desestimado por la asamblea en una convocatoria urgente celebrada al día siguiente. El concejal socialista firma el contrato con Aquagest el 6 de junio; las dos empresas perdedoras vuelven a interponer recursos.

Nueva asamblea de Saleal. La entrada provisional de los nuevos miembros de la asamblea de Saleal se produce el 20 de junio: todos ellos alcaldes del PP. En esta reunión se califica como ordinarios los recursos. En los 15 días siguientes, López Benito convence al nuevo alcalde para que delegue en él la presidencia de Saleal. Pese a que el Pleno del Ayuntamiento no aprobará este nombramiento hasta el día 13 de julio, el portavoz popular asiste a la asamblea de Saleal del 4 de julio como oyente, lo que extrañó a varios de los miembros oficiales, y promueve la petición de un informe técnico y jurídico que analice la adjudicación. Incluso propone el nombre de la ingeniería que debe hacerlo, EIC, a la que se suma otra, Isam, propuesta por el alcalde de Sariegos, Ismael Lorenzana.

Informes sin entregar. Los informes llegan a la mesa de asamblea en la sesión del 15 de julio, cuando López Benito es ya presidente de manera oficial, donde las ingenierías hacen un resumen a los asistentes. Pese a que el concejal del PP asegura que «los informes completos han estado a disposición de los miembros de la asamblea», cuando varios de ellos se interesaron por los documentos se les anunció que se les entregaría en la próxima reunión del organismo.

Ahora, según avanza López Benito, se está a la espera de que «los técnicos, en base a los informes de las empresas de ingeniería, emitan su dictamen de revisión de los recursos». Pese a que recalca que «el contrato con Aquagest está ya en vigor y han tomado posesión de las instalaciones», prefiere esperar a la asamblea que se celebrará «la próxima semana» para tomar la decisión. «No descarto nada», subraya. Ni siquiera cancelar el contrato de la empresa que despidió a su mujer, aunque «eso no es de recibo que se mezcle».