Los socios de Saleal no ven motivos para anular el contrato con Aquagest

Los informes externos encargados por el portavoz del PP, José María López Benito, para investigar el contrato de mantenimiento de la depuradora adjudicado a Aquagest, la empresa que despidió a su mujer en el pasado mandato cuando trabajaba para la sociedad mixta de aguas, han abierto los ojos del resto de miembros del consejo de la mancomunidad de Saneamiento Integral de León y su Alfoz (Saleal). Los representantes de San Andrés, Villaquilambre y Sariegos subrayan que, después de conocer estos documentos, no hay motivos para anular el contrato con la adjudicataria, mientras que la representante de Santovenia de la Valdoncina se excusa en que no ha podido analizarlos en profundidad; mientras, el miembro de León, el propio López Benito, prefiere no pronunciarse hasta que, con arreglo a estos informes, los técnicos de Saleal emitan un nuevo dictamen en la reunión que el órgano tendrá, «no antes de la próxima semana», y en la que se aprobará de manera definitiva la resolución a los recursos presentados por dos de las empresas perdedoras, Acciona y la UTE formada por Aqualia y Gruporaga.

Los informes externos desmontan la teoría esgrimida por López Benito de que la oferta de Aquagest es 10 millones de euros más cara que la de Aqualia-Gruporaga y 3 millones de euros por encima de la presentada por Acciona. Uno de los dos documentos, firmado por la consultora Isam, resuelve que la oferta de Aquagest es la única que incluyó la instalación de motor de cogeneración eléctrica para aprovechar la producción derivada de los residuos de la depuradora. «Se podrían obtener unos ingresos medios en concepto de venta de electricidad de 220.000 euros al año que Aquagest cedería a Saleal», mientras que las otras dos empresas «se quedarían» con dichos beneficios. Un rendimiento que, dado que se trata de un contrato por 25 años, superan de manera amplia la diferencia de la oferta económica. Además, la empresa de ingeniería también advierte de que la adjudicataria haría una mayor inversión: 99.284 euros al año por encima de Acciona y 38.359 euros más que Aqualia-Gruporaga.

Menos taxativo, aunque sin proponer la anulación del contrato con Aquagest, es el informe elaborada por Estudio de Ingeniería Civil (EIC), cuya elección directa fue obra de López Benito en la reunión del 4 de julio, cuando ni siquiera era miembro de manera oficial del consejo, lo que se aprobó el 13 de julio. Esta empresa apunta como opciones que, «ante la indudable profesionalidad de los técnicos que realizaron el informe técnico», que «si lo creen procedente» realicen «una recalificación»; o que se convoque «un comité de expertos externos». Sin embargo, sólo advierten que «la valoración objetiva», que es la económica, «no tenga peso suficiente hace que la subjetiva adquiera más importancia que la que debe tener»; unos criterios subjetivos entre los que se encuentra la entrega de los beneficios de la generación eléctrica, como bien reconocen los propios redactores del informe, quienes admiten que se «extralimitan» cuando emiten un juicio jurídico pese a que se les exige una valoración como ingenieros.

A la luz de estos informes externos, que no hacen sino confirmar la propuesta de adjudicación de los técnicos municipales, que fue ratificada por unanimidad por parte de los miembros de Saleal anteriores a las elecciones, López Benito se queda sin argumentos para revocar la adjudicación a Aquagest. Pese a esta situación, todavía debe aprobarse el dictamen definitivo que contestará a los recursos de reposición interpuestos por Acciona y Aqualia-Gruporaga. El criterio técnico ya ha dejado claro que deben desestimarse.