Los informes pedidos por el portavoz del PP le cuestan a Saleal 17.000 euros
Los documentos externos avalan el dictamen que hicieron los técnicos públicos
López Benito, en foto de archivo, preside Saleal por delegación del alcalde de León.
La campaña promovida por el portavoz del PP, José María López Benito, para cuestionar la adjudicación del servicio de mantenimiento de la depuradora a Aquagest, la empresa que despidió a su mujer en el pasado mandato por orden del PSOE, ya han dejado un rastro en las arcas de la mancomunidad de Saneamiento de León y su Alfoz (Saleal). Los dos informes externos encargados, a petición del representante del Ayuntamiento de León y con el asentimiento de los representantes de Santovenia de la Valdoncina, Sariegos, Villaquilambre y San Andrés, han supuesto un desembolso de 16.992 euros. Casi al borde de la cifra de 18.000 euros que marca la Ley de Contratos del Estado como límite para un contrato sin publicidad, en el que se opta por la elección directa de las empresas que deben encargarse del trabajo, sin proceso de selección.
La falta de este criterio, dentro de la legalidad, se adoptó por dar celeridad a los informes, encargados para dar contestación a las alegaciones presentadas por dos de las empresas perdedoras, Acciona y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aqualia y Gruporaga. Pese a que podrían haberlo efectuado, como se hace de manera ordinaria, los técnicos de la mancomunidad, que al final serán quienes emitan el dictamen definitivo, la decisión de solicitar los informes partió de López Benito.
El portavoz del PP impulsó la medida en la asamblea del día 4 de julio. Sin ser miembro todavía de la mancomunidad, dado que su entrada no se produjo hasta que el 13 de julio lo aprobó el Pleno del Ayuntamiento y el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, delegó en él la presidencia de Saleal, López Benito propuso incluso el nombre de una de las dos empresas, EIC, que ha recibido por la redacción del documento 8.260 euros. Una cantidad a la que se suman los 8.732 euros percibidos por Isam, la ingeniería propuesta por el alcalde de Sariegos, Ismael Lorenzana. Dos empresas que se entendió que colmaban el tope de 18.000 euros establecido por ley, por lo que se renunció a contratar una tercera firma, como se llegó a plantear.
Resueltos los nombres de las consultoras de ingeniería, las dos empresas tuvieron ocho días para la elaboración de los informes, que ya han sido entregados a la presidencia de Saleal junto a la factura conjunta de 16.992 euros. Un dinero que ha servido para que los documentos externos corroboren lo que ya habían dicho los técnicos de la mancomunidad: que no existen motivos para anular la adjudicación del contrato de mantenimiento de la depuradora a Aquagest, que suma un coste de 125 millones de euros para los próximos 25 años.
Ahora, en la nueva reunión de Saleal, que no se celebrará antes de la próxima semana, se examinará el dictamen de los técnicos públicos, elaborado a la luz de los expertos externos. Todos los socios de la mancomunidad, salvo la alcaldesa de Santovenia, Mireya Pigere, que no conoce los documentos «en profundidad», asumen que no existe base para echar atrás la adjudicación, lo que determina que deberían desestimarse los recursos. López Benito prefiere esperar a conocer el dictamen final.