Villanueva saca un decreto que garantiza el futuro a Del Canto y los consejeros del banco

Ya está hecho. La Junta de Castilla y León, con su consejero de Economía, Tomás Villanueva a la cabeza, ha hecho todo lo que estaba en su mano para garantizar el futuro del presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, y de sus cuatro consejeros al frente del nuevo banco. Y para ello no han dudado en modificar su propio decreto, ese que da vigor a la Ley de Cajas, para incluir en él, entre otras cuestiones, la ampliación del número necesario para poder vetar un acuerdo en las asambleas de la cajas, en este caso de España-Duero.

Hasta ahora, se necesitaban 4/5 para poder dar validez a los acuerdos, pero desde hoy, día que entra en vigor el nuevo decreto con su publicación en el Bocyl, sólo serán necesarios dos tercios. O lo que es lo mismo, antes 65 votos en contra daban al traste con un acuerdo, ahora son necesarios 107, de los 320 que tiene la asamblea.

La razón esgrimida ayer por Tomás Villanueva es la necesidad de que la transformación de la caja en banco sea aprobada el próximo 5 de septiembre, tal y como ha fijado el Banco de España, pero la realidad es que se sabía del rechazo que han generado los cinco consejeros nombrados de común acuerdo entre Evaristo del Canto y el consejero. Un rechazo que viene por el claro interés político de algunos de ellos, como Pablo Pérez Robla, número 11 de la lista del PSOE al Ayuntamiento de León, o Miguel Ángel Álvarez, también del PSOE, de UGT y afín a Francisco Fernández. Con este decreto se garantiza la creación del banco y el futuro de sus consejeros.

Renovación de los órganos de gobierno, en noviembre. En el decreto, también se fija que los órganos de gobierno de las nuevas entidades con sede en Castilla y León que salgan del proceso de reordenación del sistema de cajas de ahorro tendrán que renovarse a partir del mes de noviembre, cuando empezará un proceso electoral que quedó paralizado por los cambios normativos del primer semestre del año, según se recoge en el Decreto—Ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de Castilla y León que establece para el inicio de las elecciones un periodo de tres meses desde la constitución de sus órganos.

De este modo, las actuales entidades financieras que decidan trasladar su negocio a un banco –todas menos Cajacírculo— tendrán dos opciones: mantenerse como una caja de ahorro, si bien todo el negocio financiero quedará en manos del banco, o bien constituir fundaciones para la gestión de la obra social, única actividad que quedará en manos de cada una de las entidades. Tanto en uno como en otro caso, el Decreto Ley aprobado ayer, que entrará en vigor hoy con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, regula el funcionamiento.

Así, si las entidades optan por mantenerse como cajas de ahorro, el texto de la Junta, que será convalidado en el primer Pleno de las Cortes del mes de septiembre, reduce sus órganos de gobierno y establece que sólo serán obligatorios la asamblea, el Consejo de Administración y la Comisión de Control y deja también reducida la obligatoriedad de convocar la asamblea a una al año y no dos como hasta ahora. Asimismo, se establece que los miembros de las cajas que participen también en la administración de la entidad bancaria instrumental no puedan percibir dos emolumentos, sino que sólo cobren del banco.

Asimismo, el decreto da entrada a los integrantes del Consejo del Diálogo Social de forma paritaria en la asamblea, dentro de las entidades de interés general y sus miembros deberán ser elegidos conjuntamente por Cecale y los sindicatos UGT y CCOO. También, establece la necesidad de que los presidentes de las cajas tengan dedicación exclusiva siempre y cuando tengan funciones ejecutivas y refuerza las exigencias de profesionalización de los miembros del Consejo. De este modo, todos los representantes de las Cortes y, en su caso, del capital privado que pudiera entrar en la entidad y la mitad de los representantes de las Cortes, ayuntamientos, impositores, entidades de interés general y fundadoras deben presentar experiencia en el sector financiero.

En el caso de que las entidades opten por convertirse en fundaciones, el Decreto Ley establece que se debe elegir un patronato de 20 miembros, cuya composición es proporcional a los grupos que en la actualidad conforman el Consejo de Administración. En este sentido, se entenderá por impositores, trabajadores y ayuntamientos con derecho de representación aquellos que todo el grupo en el que se hayan incluido las cajas tenga en el territorio natural de las entidades.

En su exposición, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, justificó este Decreto Ley en la necesidad de adaptar la legislación autonómica a la estatal, clarificar los procesos que se derivan de la nueva regulación, dar seguridad a las entidades financieras en las decisiones que se están produciendo y apoyar y facilitar los procesos.