Casi un centenar de personas convocadas por el 15M piden en León «debatir y ratificar» en un referéndum vinculante la reforma constitucional

 El movimiento 15M reunió frente al edificio Botines de León a casi un centenar de personas que protestaron mediante una concentración pacífica contra la reforma constitucional y exigieron que ésta sea «debatida y ratificada por la ciudadanía a través de un referéndum vinculante».

Desde el colectivo apuntaron a que el pacto alcanzado por el PP y el PSOE para elevar a rango constitucional la limitación del déficit público es «un nuevo intento de engaño a la sociedad». En este sentido, desde el movimiento denuncian que «no solamente es un atentado contra la vida de los habitantes del país», sino que lo es también «contra las futuras generaciones, que quedarían condenadas a vivir en condiciones precarias sin poder realizar las inversiones públicas necesarias para recuperarse».

Del mismo modo, en el manifiesto de la convocatoria denunciaron que los gobiernos que propusieron esta medida y los partidos que en España la apoyan «entienden la disminución del déficit por el camino de la reducción del gasto y nunca por el aumento de impuestos a quienes más tienen, ni por la lucha contra el fraude o los paraísos fiscales».

Además, consideraron que «un equilibrio presupuestario perpetuo no tiene ninguna razón económica y es pura ideología», y que «no sólo puede ser malo, sino que puede tornarse en catastrófico». Más aún «en un país como España, donde el gasto público es uno de los más bajos de toda la zona OCDE y los servicios sociales de los más precarios».

Por este motivo, el 15M advierte de que la reforma constitucional significaría «institucionalizar los recortes sociales y dejar las puertas abiertas al desmantelamiento masivo del escaso Estado de Bienestar que queda», además de suponer «una locura económica cuya única base es la ideología del desprecio a la ciudadanía y el apoyo a los bancos». Algo que tal y como indican es, «ni más ni menos, la ideología que nos ha conducido a esta crisis». Así, dicho esto, concluyeron que esta medida supone «un golpe de estado encubierto de los mercados», a los que el Gobierno central «se somete de manera voluntaria».