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León

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En el pliego de condiciones de 2003 para que la empresa SCI Spain, después Intur y actualmente Mémora, adquiriera un 49% de Serfunle ya se incluye el objetivo de cobrar por parte de la misma un «canon de gestión» del 10% de la facturación de la empresa durante los cinco primeros años, cobrando a partir del sexto un 12%.

En la valoración de la propuesta se señala incluso la importancia de fijar por escrito este acuerdo, al afirmar: «en todo caso, sugerimos que la tarifa de gestión se documente contractualmente entre el licitador y la empresa mixta, al efecto de evitar problemas futuros con la Agencia Tributaria». Ahora, ocho años después, los problemas ya están aquí. Ese contrato no se realizó y ahora la Inspección reclama el pago de IVA e Impuesto de Sociedades de dos años por considerar que no existe esa constancia documental que justificaría los supuestos servicios de gestión que Mémora presta a Serfunle.

Para justificar esta petición de Hacienda, el pasado mes de agosto se hicieron dos modelos de contrato que servirían para vincular documentalmente la prestación de servicios de Mémora a Serfunle. Dos modelos que se presentaron a los alcaldes de los tres municipios incluidos en la mancomunidad: León, San Andrés y Villaquilambre, y que ninguno de ellos firmó.

Los servicios jurídicos de los ayuntamientos aconsejaron en contra de la firma y optaron por realizar alegaciones en el sentido de que el pliego de 2003 serviría para demostrar la relación entre ambas empresas.

«No se firmó ningún contrato porque los servicios jurídicos entienden que el propio pliego y la propia oferta es una relación contractual», señala José María López Benito, portavoz del PP en el Ayuntamiento de León. «No era una solución y nos parecía peor el remedio que la enfermedad, por lo que se optó por seguir con las alegaciones y esperar la resolución de Hacienda», confirma Gregorio Chamorro, alcalde de San Andrés del Rabanedo. «Se tomó la decisión de que no se firmara porque entendemos que la relación contractual ya existe», añade Manuel García, alcalde de Villaquilambre. Una decisión cuanto menos prudente, ya que en principio podría no servir para justificar una situación que es anterior y difícil de acordar de forma retroactiva.