El Ayuntamiento aprobará 200 licencias ambientales pendientes desde el 2010

Pequeñas tiendas de alimentación, kioskos o peluquerías así como pequeñas edificaciones son algunas de las obras realizadas en el municipio que esperan conseguir la licencia ambiental para poder iniciar su actividad y por lo que llevan esperando un año. Así lo explicó el alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, que el equipo de gobierno ha hecho un importante esfuerzo por recopilar toda la información de cada uno de los expedientes que aún tenían pendientes la concesión de la licencia ambiental para iniciar la actividad en el municipio.

En total, son alrededor de 200 pequeños negocios y algunas pequeñas obras cuyos solicitantes han pagado hace meses la solicitud para que el Ayuntamiento les otorgue este permiso. Una cuestión que se ha retrasado, según explicó Chamorro, en buena parte debido al periodo electoral pero también a la antigua legislación, modificada en la actualidad, lo que permitirá una mayor agilización a la hora de obtener este tipo de permisos, fundamental en la mayoría de las empresas y otras obras.

De este modo, la próxima semana se reunirá la ponencia que aprobará las licencias, formada por representantes de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de San Andrés. El objetivo será sacar adelante el mayor número de licencias posibles, ancladas en el tiempo, para que sus solicitantes puedan llevar a cabo la actividad prevista.

De este modo, el regidor popular resaltó que, tras la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, se reducen de forma considerable los trámites burocráticos.

Esta normativa establece una serie de ventajas a la hora de la apertura y desarrollo de actividades.

Por norma general, sólo se podrán exigir las autorizaciones administrativas que se determinen reglamentariamente y bastará con una mera comunicación de inicio de actividad para poder desempeñar la actividad por toda la geografía española. Esta ley del libre acceso a las actividades de servicios deja fuera de su ámbito a los servicios financieros, sanitarios, servicios de redes y comunicaciones electrónicas, federatarios públicos como notarios y registradores, servicios audiovisuales, loterías, vivienda social y atención a la infancia.