SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
El alcalde anuncia una auditoría catastral que frene el fraude del IBI
Detecta que hay bienes no censados y otros que no tributan lo que deben.
El alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, y el gerente del Catastro, Luis Hernández.
Que cada ciudadano pague lo que le corresponde por ley y que tributen al Ayuntamiento aquellos bienes inmuebles que aún no lo están haciendo son las dos premisas que han llevado al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a realizar una auditoría catastral para detectar todas aquellas propiedades que no pagan el IBI o que no están actualizadas en el censo tributario. Esta fue una de las cuestiones que abordó ayer el alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, en el transcurso de la reunión mantenida con el gerente del Catastro en León, Luis Hernández Cervera, así como los concejales de Hacienda y Urbanismo, Fernando Vélez y Elena Prieto, y varios técnicos de ambas instituciones.
El regidor popular resaltó la «necesidad» de realizar una estricta auditoría catastral para detectar las omisiones catastrales por vuelo aéreo y mediante inspección de campo. Así se conseguirá «identificar fácilmente todas las omisiones que deberían estar tributando y no lo hacen», indicó Chamorro que añadió que se trata de dinero «que dejan de percibir las arcas municipales» que arrastran una deuda de más de 70 millones de euros. Al mismo tiempo, Gregorio Chamorro quiso incidir en que «es un deber constitucional que todo ciudadano debe de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica basado en los principios de igualdad». Para realizar este trabajo, el alcalde de San Andrés pidió colaboración ciudadana. «Es necesario que nos dejen realizar aquellas labores que permitan reflejar en el Catastro la realidad física y jurídica del municipio para poder actualizar el padrón del IBI, cuya recaudación es vital para este Ayuntamiento», aseveró.
Durante este encuentro, los responsables del Ayuntamiento y del Catastro abordaron también la incorporación de más de 1.600 fincas rústicas al censo tributario de bienes inmuebles urbanos, procedentes del cambio de uso contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana. La nueva calificación supondrá unos ingresos de 80.000 euros anuales para el Ayuntamiento. Esto viene motivado porque estas fincas rústicas, que anteriormente no tributaban por no llegar al mínimo exigible, se incorporan ahora al padrón de bienes inmuebles urbanos con la calificación de «urbanizables» y tributarán como tales.