UPL dice que la «estrategia ilícita» de Serfunle está acorralada por la justicia
Afirman que los descuentos a aseguradoras han impedido una rebaja de las tasas.
UPL ha lamentado la última sentencia judicial contra la mancomunidad de servicios funerarios, Serfunle, en la que está incluido este municipio y también los de León y Villaquilambre y que suspende de forma cautelar los descuentos que se aplican a las compañías aseguradoras, al considerar que el importe de los precios públicos debe cubrir «como mínimo» el coste del servicio prestado.
Ante este revés judicial, el portavoz de UPL en San Andrés, Juan Manuel Arias, recuerda que mientras fue vocal de la asamblea de concejales de la mancomunidad denunció esos acuerdos, «al entender que eran prácticas torticeras que, lejos de defender los derechos de los ciudadanos, beneficiaban a unos pocos en detrimento de otros». Y ahora esta sentencia, recalca, «envuelve a la mancomunidad de servicios funerarios de León y su alfoz en una posición lamentable». Arias pide así que la nueva dirección de Serfunle pida responsabilidades y «encamine una gestión diáfana en beneficio de los ciudadanos que representa».
El portavoz leonesista recuerda que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia habla de «abierta desobediencia» respecto a la actuación de la mancomunidad en los acuerdos tomados en relación a los descuentos que se aplican a las aseguradoras.
Añade que el TSJ habla de filosofía discriminatoria, «incluso con decisiones judiciales adversas que al parecer han llevado a la mancomunidad a una estrategia ilícita». Asegura que los acuerdos tomados por la mancomunidad están «acorralados» por la justicia y alega que la misma ha actuado de forma arbitraria, a pesar de otras sentencias en contra en el mismo sentido y que ha desvirtuado sus fines, «al beneficiar a las aseguradoras y no dejar el mercado de libre competencia abierto».
UPL añade además que esta política ha sido perniciosa y ha contribuido a la reducción de unos ingresos que podrían haber rebajado las tasas para los ciudadanos, «y no como ha venido ocurriendo, un incremento de las mismas».
«Este último auto no es más que el suma y sigue de aquellos que empezaron hace años y que nos iban dando coscorrón tras coscorrón; pero en lugar de corregir vicios al parecer seguimos buscando nuevas reprimendas», añade Arias.
Este golpe judicial se suma a otros frentes abiertos para Serfunle, como la petición de Hacienda del pago de 900.000 euros por dos expedientes sancionadores por pago de IVA e Impuesto de Sociedades.