El BOE publica la orden que regula las ayudas a las empresas mineras para 2011 y 2012
La patronal está satisfecha por que este apartado quede «atado» antes de las elecciones y los sindicatos confían en acabar con el horizonte de cierre para el 2018
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden que establece las bases reguladoras de las ayudas a la industria minera del carbón para los ejercicios de 2011 y 2012, cuyo objetivo es cubrir, total o parcialmente, las pérdidas de la producción de carbón autóctono, destinado a la generación de electricidad.
Uno de los requisitos que deben cumplir las empresas mineras es formar parte de un plan de cierre, cuya fecha máxima de cese de actividad será el 31 de diciembre de 2018. Estas ayudas se corresponden a las previstas en el artículo 3 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
La ayuda se abonará en doce pagos fraccionados que responden al ejercicio carbonero y cuya tramitación se instruirá al inicio de cada mes, aunque también podrán efectuarse pagos anticipados de hasta el 70 por ciento de su importe. Así, este año las empresas ya cobraron en marzo el adelanto correspondiente a nueve meses –más de 201 millones de euros para las cinco grandes empresas del sector- y ahora tienen pendiente el cobro del último trimestre.
Desde la patronal minera señalan que la orden «es lo que era de esperar» y satisfechos por que desde el Ministerio de Industria hayan cumplido su compromiso de dejar este apartado «atado» antes del cambio de legislatura con un marco general para las ayudas del 2012, que sienta las bases para su convocatoria. «Ahora tiene que salir la convocatoria y cada empresa realizar su solicitud y saber qué cuantía le corresponde», explicaron fuentes patronales.
Derechos sociales y salariales. En cuanto al apartado que se refiere a que las empresas que vulneren derechos sociales de los trabajadores, como puede ser la prejubilación, no podrán percibir las ayudas, consideraron que «no tiene sentido». «El retraso en las prejubilaciones no es cosa nuestra, no es responsabilidad de la empresa, porque todos esos trabajadores cumplidos son un gasto que asumimos y que se lo estamos ahorrando al Estado, no estamos interesados en impedir las prejubilaciones porque es una importante descarga de costes salariales», puntualizaron.
Asimismo, respecto al incumplimiento de los derechos salariales de la plantilla, que tendrá como consecuencia la pérdida del derecho al cobro de la subvención mientras se produzca esa situación, desde la patronal señalaron que se ha llegado a «ese extremo, no de impagos, sino de retrasos, cuando las propias empresas han llegado a la situación de no poder hacer frente porque han "estado dos años sin meter carbón en térmica, a la espera de un Real Decreto, y las eléctricas nunca dejaron de ganar dinero ni de quemar carbón, aunque no fuera autóctono».
«Eso es lo que está escrito», señalaron fuentes patronales en relación a ese horizonte de cierre «definitivo» marcado para el 2018. En su opinión, habrá que esperar a que por una cuestión política o estratégica finalmente se modifique con el objetivo de garantizar una autosuficiencia energética en Europa. «Los sindicatos si creen que hay que pelear», añadieron.
Y es que desde los sindicatos sí confían en un cambio en la estrategia europea. El secretario regional de FITAG-UGT, Manuel López, consideró que en el seno de la Unión Europea se están replanteando la decisión tomada en el nuevo reglamento del carbón. «Ese replanteamiento tiene que ir por lo que hemos denunciado tantas veces, que las decisiones en Europa sobre el futuro de la minería en España se están tomando por personas excesivamente alejadas del problema de la minería en nuestro país y creo que se está analizando una nueva recomposición de la situación», explicó.