San Andrés pide 922.000 euros al ICO para pagar a empresas y las sentencias

El Pleno formalizó ayer la solicitud de un crédito al Instituto de Crédito Oficial, por importe de 922.000 euros, para hacer frente al pago de facturas pendientes y de sentencias judiciales por impago. Este punto contó con el apoyo de todos los partidos políticos excepto del PSOE que optó por la abstención al considerar que la tramitación del expediente no es la correcta y «corre peligro» la concesión de dicho crédito.

La portavoz socialista, María Eugenia Gancedo, aludió a las observaciones del interventor municipal contenidas en el informe acerca de no agotar el importe máximo del crédito (931.000 euros), «lo que supondrá que una empresa se quede sin cobrar», sobre que haya facturas que no se ajustan a la ley de contratos o sobre no incluir los pagos por orden de antigüedad. La socialista recalcó que «sin el informe favorable del interventor, probablemente no haya crédito». Una situación que pone de manifiesto, a su juicio, «la escasa inoperancia y dedicación de los concejales del equipo de gobierno».

Por su parte, el portavoz de la UPL, Juan Manuel Arias, aseguró no estar de acuerdo con el reparto que se incluye porque «siempre hemos defendido que sea por orden de antigüedad». Sin embargo señaló que apoyan la propuesta porque «las sentencias judiciales también hay que pagarlas». Es el caso de Norfel Sport o Corral Jáñez, a quienes el Ayuntamiento tiene que abonar la sentencia condenatoria por impago.

Para el portavoz del PAL-UL, Francisco Javier Gómez, es «fundamental» hacer frente a estas obligaciones para garantizar el futuro de algunas empresas. Contestó a Gancedo que las facturas de las que ahora dudan sobre su legalidad proceden de los contratos firmados por los socialistas.

Por su parte, tanto el concejal de IxSa, Luis Herrero, como la portavoz de IU, Eloína Terrón, defendieron el apoyo al crédito bajo un ejercicio de «responsabilidad».

«Desfase mensual». El concejal de Hacienda, Fernando Vélez, replicó al PSOE que la situación actual del Ayuntamiento «se debe a la irresponsabilidad del PSOE porque se contrataron servicios que se sabía que no se iban a pagar y en lugar de aumentar la deuda financiera optaron por incrementar la morosidad con las empresas». Además no dudó en dirigirse hacia la portavoz socialista para asegurar que el importe del crédito solicitado equivale «a lo que usted ha gastado de más, cada mes, durante cuatro años».

En su turno de réplica Gancedo respondió que también se hicieron cargo de la deuda contraída con las empresas, como es el caso de Corral Jáñez, a quien se pagaron 400.000 euros, y de Gexín, que recibió 1,2 millones de euros.

Fernando Vélez aseveró que el PSOE nunca realizó un plan de pagos porque no existe en el departamento de Contabilidad del Ayuntamiento. Insistió que la obra de la rotonda de Dulcinea está aún sin pagar y el PSOE «no tuvo más remedio» que pagar una cantidad a la empresa Corral Jáñez cuando ésta interpuso una querella criminal por malversación de fondos público contra María Eugenia Gancedo porque destinó la subvención recibida para esta obra a otros fines.

El edil de Hacienda también explicó que el consistorio ha tenido que hacer frente al pago de más de 300.000 euros de costas e intereses generados por procedimientos judiciales abiertos con empresas.