Los tratamientos para dejar de fumar aumentaron un 62,13% en la provincia
León lidera el ránking de solicitudes y supera en más de 3.000 a Valladolid.
Las personas que recurrieron al médico de familia para dejar de fumar aumentaron un 62,13% en la provincia de León durante el 2011 con respecto al año anterior y convirtieron a la provincia de León en líder de solicitudes de tratamiento de estas características en la autonomía, según los datos de Sanidad Castilla y León.
De los 9.550 tratamientos que se solicitaron en el ejercicio del 2010 se ha pasado en los últimos doce meses a 15.484 peticiones, que tienen en El Bierzo una elevada proporción de consultas con 7.376 entre los dos años, una tercera parte de todas las que se registran en toda la provincia.
En lo tocante a la autonomía, el crecimiento fue del 12,94 por ciento en el último año en Castilla y León, al cerrar con 58.210 la cifra de pacientes que se benefició de este programa incluido en la cartera de Atención Primaria de Sacyl. En concreto, hubo 29.731 hombres que recurrieron al programa de deshabituación tabáquica, ligeramente por encima de las mujeres, que se situaron en las 25.834.
Por áreas de salud, los datos provisionales arrojan que en Ávila 965 pacientes acudieron a su médico de familia con el objetivo de abandonar el tabaco, algo menos de los 1.801 que lo hicieron en 2010. En Burgos, la cifra se cerró con 3.976 personas, por encima de las 2.810 del período anterior; en León, 10.148, también más que hace un año, en el que se registraron 7.175 pacientes, a los que se suman 5.001 del área de salud de El Bierzo, que en 2010 fueron 2.375.
Por provincias. Mientras, en Palencia los médicos de familia recibieron a 1.477 pacientes, cuando hace un año atendieron a 2.697; en Salamanca, a 10.148, por encima de los 9.152 del período anterior; en Segovia, a 7.711, que también superaron la cifra anterior de 6.030 pacientes; en Soria, 3.083, frente a los 1.403 de hace un año; en Valladolid Este, 5.166 frente a los 5.381 anteriores; en Valladolid Oeste, 7.313, por debajo de los 9.822 de 2010, y en Zamora, 2.887, cifra ligeramente inferior a los 2.894 del período anterior.
Fuentes de la Consejería de Sanidad precisaron que la variabilidad por provincias responde a que en algunas de las áreas se obtuvieron en 2010 estadísticas acumuladas «muy favorables, con una gran participación en este programa preventivo, por lo que su situación de partida para el ejercicio que ha terminado preveía que sus índices de mejora serían menores, tanto respecto a otras áreas de salud, como a sus propios datos anteriores».
A la labor preventiva, la Consejería sumó el año pasado, desde el 1 de enero de 2011, su función inspectora, que permitió que el primer año de la reforma de la Ley del tabaco se saldara, con datos provisionales, con 8.412 inspecciones, 344 expedientes sancionadores y 172 sanciones.
En este caso, la provincia que acumuló la mayor cifra de inspecciones fue Burgos (3.029), seguida con diferencia por Valladolid (1.622) Mientras, la que menos inspecciones sumó fue Ávila, con 346. En el caso de los expedientes, las cifras más altas se encuentran en León y Valladolid, con 68, en cada caso, y Burgos, con 61, y la menor en Soria, con ocho. Por lo que respecta a las sanciones, de las 172 que se registraron en toda la Comunidad, el grueso se lo llevó Burgos, con 54, seguida por Ávila y Zamora, con 24 y 23 sanciones. Soria ocupó el lugar opuesto, con dos sanciones.
Desde la Consejería de Sanidad precisaron que la labor inspectora que se desarrolla en la Comunidad de Castilla y León responde a una doble motivación: por un lado, dar respuesta a las denuncias presentadas ante los correspondientes órganos competentes; y por otro, atender a la planificación de inspección y de control de la Consejería y que supone que los distintos servicios territoriales, a través de sus inspectores, alcancen el número mensualmente previsto de visitas a establecimientos de distinta índole, durante las cuales se comprueba el cumplimiento de la legislación vigente.
Sanciones. En ambos casos, los inspectores de la Junta realizan la oportuna acta, en la que se informa de las posibles deficiencias. En su caso, pueden dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador que, dependiendo de los aspectos incumplidos, originará sanciones leves, graves y muy graves. El órgano sancionador y cuantía está estipulado por la normativa vigente, y queda siempre la opción del recurso ante la vía contencioso-administrativa.