La competencia de bomberos en pueblos es de Diputación, aclara un informe de la Junta

El balón fuera enviado por la Diputación para derivar a la Junta la responsabilidad de la prestación de un servicio provincial de extinción de incendios, a través de una red de parques comarcales, se queda en su tejado. El debate abierto se topa de lleno con un informe de los servicios jurídicos de la administración autonómica, emitido el 8 de febrero del 2010, como contestación a un requerimiento de la entonces Consejería de Interior y Justicia, en el que se expone de manera clara que «corresponde a las diputaciones provinciales asegurar la prestación del servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes». Un núcleo que agrupa a 208 municipios, que sólo dejan fuera a León, Ponferrada —los dos ayuntamientos que sustentan con su presupuesto la atención a toda la provincia— y San Andrés.

El informe deja al descubierto al portavoz de la Diputación, Jaime González, quien el martes criticó al director general de la Agencia de Protección Civil, Fernando Salguero, que había expuesto que las competencias son provinciales. Una afirmación «consecuencia probablemente del desconocimiento tras su reciente llegada al cargo», ironizó el diputado, que después de cinco años en el Palacio de los Guzmanes se topa con la burla de que, en apenas dos meses, el responsable del 112 conoce mejor el ámbito competencial.

Argumentación legal. La argumentación seguida por los redactores del documento resuelve que la Junta «regulará, en el ámbito de sus funciones y respetando en toda caso las competencias y la potestad de auto organización y autonomía de las entidades locales, la estructura, el funcionamiento y la organización de los servicios de prevención y extinción de incendios». Una descripción que —después de citar legislación de la Ley de Bases de Régimen Local, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León— remata en sus conclusiones con la sentencia de que «la Comunidad deberá coordinar la efectiva prestación de estos servicios en todo su territorio», para lo cual «podrá impulsar la constitución de consorcios, firmar convenios de colaboración o, potestativamente, crear un cuerpo de bomberos autonómico propio».

La puerta abierta a la colaboración, que en ningún caso supone que la competencia sea autonómica, se recoge en el párrafo que describe que «las diputaciones provinciales, en el ejercicio de sus competencias de asistencia a los municipios para garantizar la prestación de estos servicios mínimos, podrán alcanzar acuerdos con la administración de la Comunidad para la prestación y financiación de los mismos».

El ejercicio de la coordinación, admite el informe, se hará «a través del establecimiento de un estatuto», que está en tramitación parlamentaria, según la Junta, que avanza que promoverá la creación de un consorcio autonómico. Un ente aún inexistente, pero que no modificará el ámbito competencial.