Un nuevo Rastro sin voces, con tiques y con el precio de los productos a la vista
El consistorio elabora un informe regulador a la espera de su aprobación definitiva.
Una mujer visita uno de los puestos del Rastro.
Originales, ocurrentes e, incluso, en muchas ocasiones, hasta divertidos. Los señuelos utilizados por la amplia mayoría de vendedores que cada domingo copan el Paseo de Papalaguinda pueden llegar a convertirse en un mero recuerdo.
Y es que según un reglamento elaborado por el actual equipo de gobierno leonés, queda «terminantemente» prohibido «producir ruidos, proferir voces o gritos así como el uso de altavoces» dentro del recinto del Rastro Dominical.
No obstante, además de voces y gritos, el código regulador de la venta ambulante también incluye la expresa prohibición de «encender fuego» así como «cualquier otra forma de alteración del orden público».
Otros puntos a destacar de esta nueva regulación, que en la actualidad se encuentra a la espera de su aprobación definitiva en pleno, radica en la obligación de los vendedores de tener expuestos al público los precios de venta de las mercancías ofertadas en un lugar visible. Además, dicho importe deberá ser final y completo, con los impuestos incluídos.
Asimismo, y siempre y cuando los compradores lo soliciten, el responsable del puesto se verá obligado a proceder a la entrega de la factura o tiquet justificativo de la compra al consumidor.
Otra novedad radica en que todos los puntos de venta, que en la actualidad ascienden a un total de 424, deberán tener a disposición de los consumidores Hojas de Reclamación, dejando constancia de ello en un lugar visible del puesto de venta.
Las falsificaciones. Dentro del reglamento regulador también se incluye un apartado dedicado a la falsificación de productos, donde se estipula que «en ningún caso podrán ser objeto de venta ambulante bienes o productos cuya propia normativa sectorial así lo prohíba».
De igual forma, otra de las restricciones que enumera el equipo de gobierno es la de la venta de animales vivos.
El Ayuntamiento de León decidió redactar este código dado que fue en el año 1993 cuando se aprobaron las últimas normas provisionales de regulación y, según apuntan desde el consistorio, «se han producido importantes cambios que hacen necesario modificar el reglamento y adaptarlo al espíritu general de la legislación actual».