El PSOE exige al PP que reclame el dinero del IBI a la Diputación

El PSOE insistió ayer en que «fue la Diputación la que falseó documentos, ya que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 31 de diciembre del 2007 fue impreso el día 3 de enero, aunque puso como fecha el 31 de diciembre». Una «negligencia» que es «la enjundia y lo que ha fundamentado la anulación de la ordenanza que ahora obliga al Ayuntamiento a devolver la diferencia de la subida del IBI del 2008», según remarcaron las portavoces socialistas, María Rodríguez y Natalia Rodríguez Picallo, quienes anunciaron que han presentado una moción para que el consistorio «inicie el procedimiento de reclamación patrimonial para que esta cantidad la asuma la Diputación, que ha sido la culpable», al tiempo que plantearon que «la bdevolución se haga no sólo a quines reclamaron sino a todos».

Las representantes socialistas recordaron que en la sentencia TSJ, ratificada ahora por el Supremo, incide en que «la nulidad» se adopta «por una razón externa a la propia ordenanza, cual es su publicación fuera de tiempo en que debió ser hecha e imputable, en buiena medida, a un tercero, la Diputación, que por una serie de circunstancias no pudo imprimir el BOP en el plazo que debió hacerlo». «Si este alcalde representa los intereses de los leoneses debe reclamar a la Diputación, a su presidenta, que es su número 2 en el Ayuntamiento, el pago de la devolución del IBI y devolver la subida a todos los leoneses», exigió Rodríguez.

Pese a que la Diputación cumplió con los plazos que marcaba el reglamento de publicación del BOP, en el que se fijaban 15 días máximo para asuntos ordinarios y 6 días si eran urgentes, la portavoz del PSOE insistió en que el Ayuntamiento lo que debe hacer es «inciar la reclamación patrimonial» e incluso cudir a la «vía judicial». Un camino que en su día tomó el consistorio de Burgos, en un caso muy similar, sin que el juzgado diera les diera la razón.

Las ediles socialistas rememoraron además que en el 2008 se acordó que se devolvería «a todos», aunque la moción del PP no llegó nunca al Pleno y se quedo en una mera manifestación del entonces alcalde, Francisco Fernández. «Entiendo que hablamos de voluntad política. Si el equipo de gobierno la tiene, no va a ver ningún problema. Si existía en el PP en el 2008, ahora no puede excusarse en que no hay una aprobación expresa», justificó Picallo, quien criticó que los populares «no se pueden excusar en que se tardaría años en hacerse». «No es dificultoso, sino sólo un aspecto contable», apostilló.

Rodríguez justificó ademáse que el equipo de gobierno decidiera contratar al bufete externo de Garrigues, que costó 78.700 euros, la defensa ante el Supremo, a pesar de que el letrado municipal lo había hecho ante el TSJ: «El coste que supuso acudir a alguien especializado en esta materia era inferior al perjucio que iban a tener las arcas en el caso de sentencia negativa. La responsabilidad de un equipo que gobierna es salvaguardar todos los derechos de la administración. Fue la mejor decisión, tomada además asesorados por los técnicos municipales porque nuestra intención era siempre que la administración estuviera bien defendida».