Anticorrupción investiga si hubo obras «a dedo» en la comisaría de San Andrés
Según el SUP, se necesitó dinero público para corregir errores iniciales de proyecto.
La Comisaría de San Andrés del Rabanedo.
La Fiscalía Anticorrupción investiga las obras realizadas en el cuartel de la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo por si fueran constitutivas de delito, al entender un juzgado de Madrid que pudieron ser adjudicadas «a dedo», al igual que una treintena de contratos más en todo el país.
Según especifica el Sindicato Unificado de Policía, la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo tuvo una actuación a cargo de Vías y Construcciones por valor de 48.808 euros para la realización de obras varias. Se llevó a cabo la prestación de servicios por parte de un ingeniero para el estudio de patologías en la comisaría, que se adjudicó a Tecnum Consulting de Ingenierías por valor de 6.313 euros, pero «estas actuaciones, consecuencia de deficiencias y vicios ocultos por error en la estructura por parte de los arquitectos redactores y directores de la obra, es decir ARX Arquitectos, han necesitado la inyección de dinero público para resolver problemas de mala ejecución y de errores proyectuales. Sin embargo, no se les ha pedido ninguna responsabilidad, que en la calle habrían respondido con sus seguros profesionales».
El SUP tuvo acceso a un escrito en el que se denunciaba la existencia de «graves daños a la administración como consecuencia de la corrupción en el departamento de obras y arquitectura de la Dirección General de la Policía». El Juzgado de Madrid que investiga la denuncia, el número 26 de los de Instrucción, ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones.
«Se tiene constancia de la continua práctica de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios de técnicos y consultorías, que debido a su falta de transparencia a la no concurrencia de ofertas reales (pues todas son amañadas de antemano) y al impulso de expedientes que no procede su gestión al estar ya incluidos en otros, vienen acarreando graves perjuicios económicos a la administración», comienza diciendo este documento.
La presente denuncia hace referencia al ejercicio 2010-2011 y en ella explica que la práctica consiste en «escoger ofertas muy elevadas fuera del precio de mercado en el caso de obras» o «elegir direcciones facultativas interrelacionadas con técnicos del citado departamento que gravan los contratos con sobrecostos que no se producirían si toda la gestión de obras y proyectos se realizarán con verdadero interés para la administración». Desde el SUP, en el escrito firmado por su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, se ponen estos datos en conocimiento del Ministerio Público para que, «si lo estima procedente, se lleven a cabo las diligencias que considere oportunas para el total esclarecimiento y comprobación de los hechos denunciados así como la depuración de las responsabilidades derivadas de los mismos».
La Intervención Delegada de Hacienda, tras estudiar esos datos, trasladó el documento a la Policía y la Dirección General lo puso en conocimiento de Asuntos Internos, que a su vez lo remitió a la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, el Ministerio Público lo puso en manos del Juzgado número 26, según informa la Policía, que sospecha que se trata del mismo documento anónimo que obra en poder del SUP.
El escrito de autoría ignota consta de nueve páginas en las que se detallan con todo lujos de detalles supuestos contratos a empresarios ‘amigos’ por un valor cercano a los dos millones de euros solo durante los ejercicios de 2010 y 2011. Siempre según la denuncia, el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía habría encargado una treinta de obras en instalaciones policiales de una decena de provincias diferentes (entre ellas Cantabria, Madrid, Valladolid, Barcelona, Rioja, Cáceres, Pontevedra, Zaragoza o León) incurriendo en diversas irregularidades.