La Junta rechaza el ERE de Elmar y confía en que Trabajo resuelva en contra

La Junta de Castilla y León ha informado desfavorablemente el expediente de extinción de 179 empleos de Elmar en el preceptivo dictamen que tiene que enviar a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Empleo, que tiene la competencia para resolver sobre el asunto. Según explicó ayer en director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León, Carlos Díez, el ministerio dictó ayer por la tarde resolución sobre el caso y hoy la hará pública: «Hemos estado estos días analizando la situación con ellos, y en principio todas las aportaciones de nuestro informe van a ser tenidas en cuenta. Trabajo las ha visto razonables y coherentes, y las va a considerar».

Dos razones. Díez señaló que el informe remitido por la Junta considera que el expediente de extinción de los empleos no debe ser autorizado fundamentalmente por dos razones: «El Grupo Pescapuerta no ha demostrado que la planta de Elmar no sea viable, con lo cual no caben los motivos económicos que alegan para los despidos; y además se ha comprobado que se llevaron maquinaria de la planta leonesa».

En el caso de los motivos económicos, la Junta considera que «la empresa es un grupo, y no sólo Elmar, por lo cual los datos no pueden ser considerados de forma aislada sino como parte de un resultado consolidado». En cualquier caso, Carlos Díez asegura que la información económica remitida por Pescapuerta es muy «insuficiente». «De lo analizado no puede deducirse que Elmar sea rentable, pero tampoco que no lo sea. Así que no pueden alegar causas económicas».

El responsable de Trabajo de Castilla y León envió también a la Inspección de Trabajo de León a Elmar después de que los trabajadores denunciasen en su día ante la oficina territorial que el grupo estaba sacando «elementos productivos» de la fábrica. «El inspector corroboró este hecho, y está claro es que cuando se está negociando un ERE de este tipo la empresa no puede tomar decisiones como llevarse la maquinaria, que impiden que los trabajadores realicen sus funciones».

Carlos Díez reconoce que en los expedientes de suspensión temporal de empleo que se habían pactado antes la autoridad laboral «no había entrado a fondo en estas cuestiones, porque hubo acuerdo entre los trabajadores y la empresa. En esos casos, Trabajo sólo puede cerficiar que no hay fraude, dolo o coacción».

Sin despidos. Sin embargo, en este caso, ante la falta de acuerdo, la autoridad laboral ha investigado y remitido su informe. Carlos Díez señala que en caso de que finalmente la dirección general rechace hoy el expediente de extinción, «implica que Pescapuerta no está autorizada para llevar a cabo los despidos. En ese caso, los trabajadores «en principio» deben volver a la empresa y retomar la producción.

«El Estatuto de los Trabajadores exige que la empresa les dé ocupación efectiva. De no ser así, los trabajadores tendrán que denunciarlo ante la Inspección de Trabajo, que en su caso tomará las medidas necesarias», concluye Díez.