Gersul perderá hasta 3 millones con la ‘ecotasa’ de la Junta

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León (Gersul) entró ayer de lleno en el debate sobre la implantación de nuevas tasas que ayuden a mitigar la caída de ingresos, en este caso de la Junta, al pedir a la institución autonómica que «desista» de crear un nuevo impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.

«En el seno del Consorcio, además de disconformidad, se respira una profunda preocupación por la aplicación de este nuevo impuesto que, de aprobarse tal y como está previsto, podría suponer una auténtica asfixia económica», señala Gersul en un comunicado.

El nuevo impuesto grava la entrega y depósito de residuos para su eliminación en vertederos de la Comunidad. Su finalidad, tal y como se indica en el Proyecto de Ley, radica en fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, así como disminuir los impactos sobre el medio ambiente derivados de su eliminación en vertedero, explican desde el consorcio.

Sin embargo, Gersul está en contra del proyecto que tramitan las Cortes de Castilla y León al entender que en función de la interpretación que haga la Junta de lo que es «valorizable o no», tendrá que hacer frente anualmente a una cantidad que va del millón de euros a los 3 millones. «La ‘ecotasa’ supone una nueva carga que viene a agravar más, si cabe, la dura situación por la que atraviesa el Consorcio. Lo lógico hubiera sido estudiar la puesta en marcha de otras medidas alternativas más convenientes que este nuevo impuesto, como la implantación de políticas de apoyo a la reducción de los vertidos», se sostiene en el mismo comunicado.

Para analizar el impacto en sus cuentas y formular posibles alegaciones, la Junta de Gobierno de Gersul se reunirá en sesión urgente el próximo martes, 28 de febrero. «En el seno de este órgano se valorará si lo que procede es instar al Ejecutivo a la retirada de esta medida o, en su defecto, proponer otras medidas como que los beneficios procedentes del impuesto reviertan en los municipios gravados. También se analizará si conviene pedir que se demore la entrada en vigor con el fin de convocar previamente a las entidades locales afectadas y esclarecer muchas dudas», se explica en la misma nota.