León pagará a Martínez Núñez a pesar del informe jurídico contrario
El consistorio aprueba hoy el pago de 2,3 millones por el párking de la Plaza Mayor.
El aparcamiento pasará a manos del consistorio.
El Pleno consagrará hoy el convenio entre el Ayuntamiento de León y Construcciones Martínez Núñez. Un acuerdo por el que la administración municipal pagará, con cargo a las facturas del ICO, 2,3 millones de euros a la constructora por las 185 plazas del aparcamiento de la Plaza Mayor que no consiguió contratar. Una larga disputa, iniciada en el año 2004, en la que el equipo de gobierno del PP ha decidido desembolsar el dinero, en el lugar de seguir la recomendación del letrado municipal que llevaba el caso.
Los rectores municipal optan por el acuerdo negociado, pese a las consideraciones de los servicios jurídicos municipales que constaron a la demanda reactivada por Martínez Núñez con fecha de 12 de febrero —que se había interpuesto de inicio el día 29 de enero del 2010—. Frente a la petición de la empresa, que exigía que se les pagaran los 2,3 millones y además se le mantuviera la explotación de la infraestructura, en virtud de un acuerdo de Pleno de enero del 2003, el letrado municipal contestó a la demanda el 17 de febrero para reseñar que «el recurso debe desestimarse porque no se ha acreditado que las plazas cuyo pago se reclama al Ayuntamiento sean las que se dice en la demanda», al tiempo que insiste en que «en ningún caso procedería la adquisición de las plazas de la planta segunda»; al tiempo que insiste en que este desembolso se debe hacer «con cargo al canon que de la concesión que está obligada a pagar la empresa».
El informe insiste hasta en tres ocasiones en que, en virtud del acuerdo plenario y la interpretación de los pliegos de concesión, sólo cabe adquirir las plazas de la planta primera, pero nunca las de la segunda: justo la planta en la que hay 129 plazas vacías, frente a la primera, donde sí que reconoce que hay obligación de pagar las que no sean ocupadas, que rondan las 56, ya que las otras 70 están contratadas por un periodo de 75 años.
Pese a estas consideraciones, el equipo de gobierno decidió reanudar las conversaciones con la empresa para llegar a «una solución convencional del conflicto judicializado», según recoge el informe del Oficial Mayor. Una postura que evita continuar con la vía contencioso administrativa que estaba abierta.
Sin vía judicial
A partir de este punto es donde, por orden de los responsables del equipo de gobierno del Ayuntamiento, se insta a los servicios jurídicos a que, junto con los representantes de la empresa, instrumentalicen un acuerdo. Un convenio en el que se establece que el Ayuntamiento pagará 2,3 millones de euros por el pago de las 185 plazas libres del aparcamiento y, a cambio, recibe la plena titularidad del edificio, con el compromiso de mantener los contratos de concesión de las 70 plazas cedidas por 75 años. Martínez Núñez, por su parte, se compromete a cancelar la hipoteca abierta, de 856.441 euros, para entregar la infraestructura libre de cargas.
Un negocio que la constructora no consigue redondear con su pretensión de seguir con la explotación del aparcamiento. La gestión que ahora deberá colocar el Ayuntamiento y para la que cuenta con opciones, como se advierte en el informe, donde se cita al Interventor para exponer que hay interés por parte del socio privado de la ORA, Empark.