Diario de León

Repsol deja al mínimo el surtidor de Padre Isla pero no lo cierra

Para mantener el litigio por la gasolinera de Sáenz de Miera.

Imagen de archivo de la avenida Padre Isla donde se ubica el surtidor de Repsol.

Imagen de archivo de la avenida Padre Isla donde se ubica el surtidor de Repsol.

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maNUEL C. CACHAFEIRO | LEÓN
León

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El conflicto judicial que mantienen desde hace años Repsol y el Ayuntamiento de León por el traslado de gasolineras del centro de León a las principales salidas no sólo tiene daños colaterales como la imagen actual del proyecto fallido de Sáenz de Miera, envuelto en zarzas, maleza y chopos; también el surtidor de Padre Isla ha acabado abriendo sólo dos horas a la semana, de lunes a jueves. Desde el pasado mes de noviembre, la compañía ha optado por reducir al mínimo la apertura al público que ya de por sí era testimonial desde hace tiempo.

Así lo anuncia un cartel en el propio surtidor. Repsol tiene que mantenerlo abierto, aunque sea tan pocas horas a la semana, para justificar el mantenimiento de la actividad.

El surtidor provoca a diario muchos inconvenientes para los peatones. Y es que, al final, los leoneses son los grandes perjudicados de la situación, ya que no cuentan con mejores instalaciones en las inmediaciones de la ciudad para echar gasolina, que era el objetivo final, y encima la que hay estorba en una calle con tanto tráfico como Padre Isla.

El conflicto se remonta a hace diez años, cuando fue derribada la gasolinera de San Marcos. Entonces, y el Ayuntamiento acordó desmantelar las instalaciones junto al parador y el surtidor de Padre Isla a cambio de construir una moderna gasolinera en la avenida de Sáenz de Miera.

En 2001, el Ayuntamiento de aprobó la utilización de suelo público en esta salida de León a cambio de que la compañía desmantelara el surtidor de Padre Isla, en pleno centro de León. Dos años después, el 20 de mayo, la Comisión de Gobierno dio luz verde a las licencias de obra y de actividad. Sin embargo, el Pleno de marzo de 2005 aprobó iniciar un expediente para romper el acuerdo por un «incumplimiento grave y cualificado».

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