Carrasco reclama a la Junta que acelere el pago del Fondo de Cooperación
Representantes de ambas partes se reunirán para limar cuestiones pendientes.
La Junta y la Diputación de León van a crear un grupo de trabajo que intentará limar los «contratiempos y pequeñas dificultades» que han surgido entre ambas administraciones y se concretan en «cierto retraso» en el pago de las cantidades vinculadas al Fondo de Cooperación Local.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la responsable de la institución provincial, Isabel Carrasco, se reunieron ayer en la sede de las Cortes autonómicas para analizar la situación, que incluye también la posible resolución de sentencias judiciales que enfrentan a ambas administraciones.
Además de la financiación local y las sentencias, los temas pendientes entre el Gobierno autonómico y la institución provincial están relacionados con carreteras, educación y familia, entre otros asuntos.
Ambos interlocutores salieron satisfechos de la reunión, con el propósito de alejarse de los «malos entendidos» que puedan haberse producido y que «no puede haber entre la Junta y la Diputación e Isabel Carrasco y Juan Vicente Herrera», en palabras del consejero.
De Santiago-Juárez expresó que tanto el Ejecutivo autonómico como la Diputación asumen las «tensiones presupuestarias» que viven todas las administraciones, aunque Carrasco remarcó que la institución que dirige «no debe nada nadie», pero se ve afectada cuando los que tienen que transferirles fondos no lo hacen, ya que su función esencial es prestar apoyo a los ayuntamientos leoneses.
El consejero y la presidenta de la Diputación acordaron que en las próximas semanas representantes de ambas partes mantendrán reuniones para analizar «una a una» las cuestiones que separan actualmente a estas administraciones.
Carrasco incidió en que la Diputación es una «administración intermedia, como un sandwich», que tiene la función de «servir a los ayuntamientos y a los ciudadanos de sus pueblos», y por esta razón ha adelantado fondos para resolver los problemas de financiación de las corporaciones locales que ahora pide que la Junta abone a la institución provincial.
«Las instituciones no debemos relacionarnos a través de los tribunales o de cartas, tenemos que hablar y ampliar los espacios de diálogo», resumió José Antonio De Santiago-Juárez, convencido de que se resolverán los «malos entendidos» detectados.