Las personas sordas quieren que se aplique la ley de comunicación

La presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Concha Díaz, pidió ayer a las comunidades autónomas el desarrollo de la Ley 27/2007, que reconoce los derechos de las personas sordas en materia de comunicación, porque considera que todavía «queda mucho por hacer».

Díaz ha participado en la celebración del 30 aniversario de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, que ha tenido lugar en León.

Ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que esa ley supone un «paso muy importante» en la consecución de derechos.

Ha afirmado que «reconoce el derecho básico de las personas sordas a acceder completamente a la información y la comunicación», aunque ha recordado que su desarrollo es «competencia» de las propias autonomías, a quien ha reclamado «trabajar» para «cubrir las necesidades básicas de la vida diaria».

En el ámbito de la enseñanza, la Ley recoge que las administraciones deben dotar a los centros educativos de intérpretes de la lengua de signos, aunque «dependiendo de dónde viva la persona sorda o a qué familia pertenezca, tiene acceso o no».

En cuanto al empleo, las personas sordas son un colectivo «muy dañado» en esta época de crisis económica, por lo que Concha Díaz ha reclamado la «atención» de las administraciones para «buscar puestos de trabajo adaptados» para ellos.

Además, existen «complicaciones» para el mantenimiento y la promoción en el puesto de trabajo de las personas sordas, debido a los problemas que existen al acceso a formación y las «barreras de comunicación».

Uno de los casos más destacables es el acceso de las personas sordas mayores al servicio de tele-asistencia, que las administraciones llevan desarrollando desde hace veinte años, pero que este colectivo todavía no puede acceder, y que en el caso de Castilla y León es la cuestión que supone «el principal problema».