María les pidió los justificantes a los estafados para eliminar las pruebas

María C. Suárez, la principal acusada por la trama, tuvo constancia a finales del verano pasado de que la operación podía venirse abajo ante la imposibilidad de hacer frente a los elevadísimos intereses que había ofrecido a sus clientes en productos inexistentes en la Caja, y a criterio de los investigadores, desde mediados de julio puso en marcha operaciones varias para empezar a destruir pruebas.

Según ha podido conocer este periódico, la cifra de personas que declaran ser víctimas de este caso ha crecido de forma espectacular y prácticamente se ha duplicado. Se trata de clientes a los que requirió para que les devolviera los justificantes que acreditaban la entrega de las cantidades correspondientes y a los que la imputada les explicaba que tras la fusión de Caja España-Duero con Unicaja, había que sustituir los documentos por nuevos papeles con los membretes de la entidad financiera resultante.

Tras devolver los justificantes en cuestión, que contaban todos ellos con membrete de la Caja y sello y firma, nunca más volvió a saberse nada de todo aquello y la personas que se vieron afectadas por esta forma de proceder, ahora no tienen elementos para demostrar que entregaron estas cantidades a cuenta como inversiones en productos ficticios que tampoco ha puesto al servicio del público Caja España-Duero. De ahí la complejidad de probar la existencia de la inversión.

Sin embargo, hay constancia de varios casos en los que los clientes llegaron a realizar las operaciones en las propias dependencias de algunas de las sucursales de Caja España. Precisamente el hecho de que las transacciones tuvieran lugar en estas instalaciones evitó que se produjeran sospechas entre los propios afectados.

Por contra, la propia declaración de los afectados y los detalles que aportan en sus manifestaciones están sirviendo como prueba para atestiguar alguna de las prácticas que se investigan.

María C. Suárez deberá hacer frente a una fianza de 1,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por decisión del juez instructor del caso. También se han solicitado los correos que se enviaron entre sí los otros tres empleados a los que se investiga, un director financiero, la subdirectora de una de las sucursales y un familiar directo de la principal sospechosa.