El Ayuntamiento encarga a una firma externa que haga la regulación laboral

Metidos en cifras que superan la reducción de 150 empleos, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León ha decidido poner la gestión de la regulación laboral en manos de una empresa especializada. La firma Baker & McKenzie, que asesora a los responsables del PP para que la tramitación de la rescisiones de contratos y las no renovaciones de los compromisos que vencen en junio se hagan con arreglo a los nuevos parámetros legales, sin caer en deficiencias de forma que deriven en que la administración municipal tenga que ser sancionada y acumule un perjuicio económico.

Las indemnizaciones, según lo reflejado en el plan de ajuste, se sujetarán a lo aprobado de manera reciente por el Gobierno de España. Una legislación con la cual el equipo de gobierno se acoge a que «de las medidas relativas a las cláusulas indemnizatorias es de aplicación al Ayuntamiento la indemnización por cese de contrato motivada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción». Motivos por los cuales «en la actual situación económica del Ayuntamiento, esté puede despedir con una indemnización de 20 días por año de trabajo y un máximo de 12 mensualidades», como se apunta en el documento municipal, en el que también se recuerda que el consistorio «asimismo puede cambiar las condiciones tanto laborales como de distribución de la jornada de sus empleados».

Sobre estas bases, el encargo del Ayuntamiento a Baker & McKenzie se centra más en la gestión de la forma que en el fondo de la regulación, en la cual también han participado como asesores en las últimas semanas. Un recorte que, como anunció el alcalde hace dos semanas, afectará de inicio a cerca de 150 trabajadores de la actual nómina del consistorio, que no llega a los 1.850. Bajas que saldrán en su mayor parte de los 94 contratos temporales que vencen en junio y que, pese a que se renovaban de manera periódica con el inicio del próximo curso escolar, está vez no tendrán continuidad. Compromisos que afectan a las escuelas deportivas —donde se producirá un recorte de los deportes ofertados—, a la escuela de música, al programa de desarrollo comunitario de Bienestar Social —con el que se imparten cursos y talleres para mayores y colectivos en riesgo de exclusión— y a las guarderías.

Jubilaciones

Por encima de este gran grupo, el consistorio también ha anunciado que prescindirá de otro medio centenar de empleos por reorganizaciones y cierre de servicios, como el Laboratorio municipal, la clínica municipal, el albergue del CHF y dos escuelas infantiles, la Pío XII de Mariano Andrés que se deja y la del Inteco, donde se abandona el convenio por el que la administración municipal cuenta con 19 plazas reservadas hasta ahora.

La resta de la plantilla en este primer ejercicio se conseguirá además con la decena de jubilados que dejarán la nómina municipal, cuyas plazas se amortizarán de inmediato. La fórmula de no cubrir plazas, salvo las esenciales, con las que se prevé que en 10 años se habrán acumulado casi 300 jubilaciones.

Todo este conglomerado de situaciones son las que los profesionales de Baker & Mckenzie tienen deben trasladar al lenguaje jurídico. Procedimientos con los cuales el equipo de gobierno del PP espera limitar a lo indispensable el pago que, como sucedió en el anterior mandato, hubo que hacer por despidos nulos o improcedentes que ocasionaron la reincorporación en varios casos.