El consistorio bajará los sueldos un 4% y acabará con la hora menos en verano

El proceso de «regulación laboral más importante de la historia», como lo calificó la concejala de Personal, Nuria Lesmes, «fluye de manera ordenada» para decidir el futuro de los 274 contratos que se han puesto encima de la mesa. Una bolsa en la que se incluyen los 105 temporales a los que no se renovará el contrato —sobre los que se la indemnización prevista en la nueva reforma laboral es de 8 días por año trabajado— y los «afectados por criterios económicos de sus servicios, en los que se ha dado prioridad a la antigüedad, formación académica y al perfil profesional que haya tenido». Un segundo grupo en el que se ha abierto la puerta para salvar de los despidos a 33 empleados —si renuncian a los complementos que arrastran de cuando estaban en matadero y aguas, que suman en total 20.000 euros al mes, como citó la edil—, mientras que sobre el resto todavía pende la rescisión con una paga de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 anualidades.

Fuera de estos 184 señalados y los 90 titulares de plazas que están en excedencia, que se revisarán una por una, el resto de medidas planteadas afectan a los trabajadores que se quedarán en la plantilla. Cambios que empezarán con la supresión del horario de verano, por el que en julio y agosto se hacían 6 horas, en lugar de 7 diarias. Una hora más con la que contrataciones temporales, que evitará que «haya franjas horarias en servicios muy determinados que no se podrían cubrir».

La resta en personal se nutrirá con una bajada del sueldo del 4% que, al igual que en los horarios de verano, afectará tanto a los funcionarios como a los laborales y en la que, según reseñó la concejala, «todavía hay que decidir en qué conceptos» se aplica. Medida con la que se prevé ahorrar 2,4 millones al año, para lo cual se reducirán además las retribuciones de la corporación política.

600.000 euros al año

Los ajustes afectarán también a la «supresión o aminoración de la mejora voluntaria de la prestación pública en bajas por enfermedad». Un concepto en el que el Ayuntamiento gastó el pasado ejercicio 600.000 euros para que los empleados que están de baja perciban el 100% de su salario, lo que poner donde no llegan la mutua y la Seguridad Social, que aportan el 75% hasta el tercer mes y el 60% a partir de los 90 días. Decisión que se plantea como «un buen correctivo para el absentismo, y además una previsión de no gasto respecto a posibles y futuras bajas que se puedan producir».

Lesmes insistió en que no sólo se busca una «aminoración de gastos», que según calculan será en total de 7,8 millones de euros, sino «una reorganización del auténtico caos y desastre» encontrada «en este Ayuntamiento en materia de personal porque los responsables de dar las directrices y pautas de actuación han sido incapaces de hacerlo».

La concejala salió al paso además de las críticas del PSOE, que denunció «intereses empresariales» en el cierre de servicios, debido a que la empresa de la familia de Lesmes opta a la gestión de la guardería del Inteco, además de que deslizaron que puede concurrir a la gestión de la residencia de ancianos. «No voy a gastar un minuto más de mi tiempo en contestar estupideces. No hay nada que esconder. Esta corporación y mi persona seguirán apoyando a las empresas de León esté donde esté. Pido encarecidamente a cualquier empresario, autónomo, amistad, familiar de cualquier miembro de este equipo político que no se plantee jamás dejar de seguir creciendo o buscar trabajo para sus empleados porque alguien que no sabe lo que es el esfuerzo o el trabajo ponga un titular en un periódico o en una radio. Que se sigan presentando y luchando contra las empresas de fuera para conseguir el mayor número de trabajo posible, porque irá en beneficio de los ciudadanos de esta ciudad», remarcó, al tiempo que «el que intente tergiversar eso tendrá que responder ante los tribunales».