Los beneficios fiscales llegarán a 194.000 familias, un 40% menos sobre el ejercicio anterior
La limitación de la renta para acceder a las bonificaciones y una menor previsión en las reparaciones de viviendas por la crisis reduce las previsiones
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, comparece en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno La limitación de la renta para acceder a las bonificaciones y una menor previsión en las reparaciones de viviendas por la crisis reduce las previsiones ICAL La Junta de Castilla y León calcula que 194.000 familias de la Comunidad Autónoma recibirán beneficios fiscales en 2012, lo que representa un 40 por ciento menos sobre el ejercicio anterior en el que fueron 325.000, que también se aminora en presupuestos ya que se pasa de 395 dejados de ingresar a 325 millones de euros, un 18 por ciento menos.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ofreció este dato en una comparecencia de prensa para detallar aspectos de los presupuestos, uno vez que a primera hora de la mañana los llevó a las Cortes para su tramitación ordinaria, con la intención de que se aprueben a mitad de julio.
En ese menor acceso a los beneficios fiscales, están la limitación de la renta de los contribuyentes en 18.900, en caso de declaración individual, y de 31.500, en declaración conjunta, en lo que la consejera calificó de una “modulación” en el IRPF de las bonificaciones.
Además, la estimación realizada por la Junta también es inferior en los nuevos beneficios implantados para 2011 y 2012 de desgravación de un 15 por ciento, con un máximo de 10.000 euros por contribuyente, en obras y reparación de la vivienda habitual y para reformas en inmuebles de más de 30 años que se quieran adelantar a la inspección obligatoria de los 40 años. Del Olmo explicó que debido a la crisis el volumen de esos beneficiarios disminuye también, igual que otros beneficios ligados al sector inmobiliario como Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Aunque en origen estaban limitadas a 2011, la Junta decidido prorrogarlas en 2012 con el fin de prolongar sus efectos y al mismo tiempo aflorar economía sumergida, como se señala en la Ley de Medidas que se aprobó en las Cortes a finales de febrero y está en vigor desde el 1 de marzo.