León cobrará una tasa por gestionar las inspecciones de construcción
Una media de 750 edificios debe pasar cada año inspección para no ser multadas.
Las medidas de eficacia en la gestión recaudatoria, fijadas por el Ayuntamiento como premisa dentro del plan de ajuste, se completan con la búsqueda de nuevos nichos de ingresos. Procedimientos que hasta el momento se encuentran fuera de las ordenanzas fiscales pero que acarrean un trabajo. Una oportunidad para elevar los ingresos que encuentra acomodo dentro de la Inspección Técnica de Construcciones (ITC). Un trámite obligatorio que cada año deben pasar de medio 750 edificios con más de 40 años de antigüedad que hasta el momento no supone ningún gasto para los titulares de los inmuebles, salvo que el dictamen sea negativo y se vean obligados a ejecutar las obras de reparación de las deficiencias, sobre las que sí que deben sufragar licencia.
La tramitación de los expedientes será gravada por el equipo de gobierno con una tasa, como adelanta la concejala de Urbanismo, Belén Martín-Granizo, quien detalla que la cuantía «todavía está en estudio» pero será «casi simbólica». «Más o menos», reseña, «lo mismo que cuesta solicitar una cédula», que tiene un coste de 32 euros. Un precio con el que, además de recaudar cerca de 24.000 euros anuales, se que pretende poner en valor el seguimiento de «expedientes, que son muy laboriosos y exigen casi un año de trabajo que desempeñan los técnicos municipales». «Cuando es gratis no se cumple con la misma diligencia con las exigencias que se requieren, lo que hace que en vez de venir una vez o dos para cumplir con toda la documentación se dilatan las cosas con hasta ocho visitas que se podrían ahorrar», expone la edil del consistorio.
La tasa cubrirá toda la gestión administrativa: desde la apertura del expediente hasta la recepción de los informes, que deben estar firmados y visados por técnicos competentes, así como la inclusión del inmueble en el registro municipal, toda vez que tenga el informe favorable o se hayan reparado las deficiencias detectadas, sobre las que se aplicará la preceptiva licencia de obras. Un trámite administrativo municipal que, superado por primera vez, deben volver a pasar todos los edificios de la ciudad cada 10 años.