La crisis reduce un 18% en siete años los litigios en las rupturas matrimoniales
Las parejas se rompen con acuerdos para no pagar los casi 3.000 euros del proceso.
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan un descenso de un 18% de las rupturas matrimoniales en León en los últimos siete años. El máximo órgano judicial lo atribuye a las consecuencias de la crisis económica, pero, según el magistrado del Juzgado de Familia de León, José Enrique García Presa, «eso son sólo números, porque la realidad es que la carga de trabajo en este juzgado ha aumentado en los últimos meses». García Presa asegura que hace tres años sí se notó un cierto descenso en los litigios que llegaban a los juzgado «pero los procedimientos de familia han vuelto a aumentar en los últimos meses. El máximo ideal para un juzgado son unos mil procedimientos anuales. En León acabamos el año pasado con 2.000. Los divorcios repuntan, y sus consecuencias también».
La distorsión de las cifras del Consejo del Poder Judicial con los casos que llegan a los juzgados está en las parejas de hecho, cuya convivencia no consta en los juzgados, pero están afectadas de la misma manera por los conflictos familiares. La abogada matrimonialista leonesa, Charo Llamera, asegura que las uniones de hecho han aumentado en León un 30% en los últimos tres años, «que tienen sus problemas de convivencia y se separan, pero no están en los registros del Poder Judicial porque sus demandas en los juzgados se tramitan como demandas de Regulación de las Relaciones Paterno Filiales, que no constan como separaciones ni divorcios». Llamera asegura que el descenso del 18% de casos que refleja el Poder Judicial en León «se debe más a que las parejas casadas no litigan tanto para divorciarse, llegan a acuerdos para no tener que recurrir porque es un procedimiento costoso». El proceso de divorcio le cuesta a una pareja entre los 1.500 y los 3.000 euros, según la cuantía de las pensiones alimenticias asignadas por el juez, que influye en el cálculo total de la minuta.
Otra consecuencia de la crisis es el aumento de parejas que recurren a un abogado de oficio, «en la sala del juzgado están cada vez más presentes los abogados de oficio porque los demandantes no pueden pagarse un abogado. «La crisis afecta a cómo se enfoca el problema, no a la disminución de los divorcios, porque las relaciones personales siguen siendo igual de complicadas».