La Diputación recoloca a los trabajadores de Ipelsa
El Tribunal Supremo ratifica que la empresa es instrumental de la institución.
Una de las protestas contra el cierre de la empresa.
Los seis trabajadores de la empresa extinta Ipelsa han sido recolocados por la Diputación.
En la empresa participaba como único socio por lo que al considerar las sucesivas sentencias que se trataba de una empresa propia y que, por tanto, no se podía aplicar un expediente de regulación de empleo de extinción, como pretendía el actual equipo de gobierno, «sin tener en cuenta la situación financiera» de la institución en su conjunto, que todavía esta semana se ha podido «comprobar que no es mala», al no tener que acudir a ningún plan del Gobierno, ni ajustes de plantilla.
Así lo ratificó un reciente fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a la que recurrió la Diputación en última instancia, después de que el TSJ en Valladolid diera la razón a los trabajadores al considerar que Ipelsa era «una empresa puramente instrumental de la Diputación».
En el fallo, el Alto Tribunal con sede en Madrid rechaza el recurso de casación y considera también que «Ipelsa era una empresa absolutamente instrumental de esta Administración», como «lo demostraba» el hecho de que tuviera su sede en dependencias de la institución o que todo su Consejo de Administración estuviera compuesto «en su mayoría por diputados provinciales».
En el fallo, la Sala de lo Social del Supremo dice también que la Diputación ostentaba la «condición de empresario» por lo que tampoco podía alegar causas económicas para el ERE «sin tomar en cuenta los datos económicos» de la propia institución.
En el otoño de 2008 la Diputación decidió disolver esta sociedad al considerar que ya no ejercía las funciones para las que fue creada bajo mandato del PSOE, en los años 90, en el inicio de la reconversión de la minería y la crisis del campo.
Noviembre 2008
Tras la aprobación de la disolución por el Consejo de Administración y la Junta General de Ipelsa, durante el pasado noviembre de 2008, la Diputación presentó un expediente de regulación de empleo para toda la plantilla, compuesta por seis personas, que fue aprobado por la Delegación Territorial de la Junta en junio de 2009. Al frente se encontraba entonces Eduardo Fernández, pese a que la oficina territorial de trabajo lo desestimara en base a un informe, también negativo, de la Inspección.
Los trabajadores llegaron a negociar con el jefe de recursos humanos de la Diputación una recolocación, pero finalmente la institución alegó un informe interno para seguir adelante con el expediente de regulación y, en consecuencia, con el despido de los seis trabajadores de la empresa.
Durante el largo proceso judicial, que todavía sigue en curso —faltan las sentencias definitivas de cuatro trabajadores de la empresa extinta—, se han sucedido los fallos de lo Social y del Contencioso— Administrativo, que como institución tiene asumidos los asuntos de la Diputación, al considerar uno de los fallos el despido nulo, y derivando una posible reclamación al Contencioso.