El alcalde ejecuta la sentencia y despide a los seis trabajadores de recaudación

El despido de los seis trabajadores del servicio de Recaudación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se hará efectivo hoy, tal y como ordena la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que atribuye que se «vulneró» la ley cuando fueron contratados en el 2007, cuándo el PSOE dirigía el tercer municipio de la provincia.

El alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, mostró su pesar por tener que tomar este tipo de decisiones que afectan a seis familias del municipio pero, al mismo tiempo, recalcó que la sentencia está para cumplirla y que tres años después de que se haya fallado «es nulo el margen de maniobra para poder mantener a estos trabajadores en sus puestos».

De hecho, Chamorro explicó que desde que se conoció la orden inminente de ejecución de sentencia, algo que solicitó el sindicato USO que fue el que denunció las contrataciones, los servicios jurídicos del Ayuntamiento «han estudiado de forma pormenorizada esta situación y la posibilidad de buscar una salida pero es imposible porque la oferta pública de empleo está totalmente congelada».

A este respecto, Chamorro también indicó que la posibilidad de convocar estas plazas por promoción interna, tal y como ordenaba el juez, de modo que accedieran a ellas los funcionarios del Ayuntamiento y sino superaban el examen quedarían vacantes y se podría convocar una oposición libre, queda totalmente descartada. «No lo podemos hacer; iríamos contra la ley», matizó.

Con el despido de estos seis empleados municipales, que son interinos desde hace cinco años, el servicio de Recaudación queda con una sola persona, algo que también preocupa al regidor popular. «Intentaremos solventar esta situación lo antes posible porque en estos momentos la situación de las arcas municipales es crítica y no podemos retrasar el cobro de los tributos ni las tasas», manifestó el alcalde de San Andrés.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando el ex alcalde Miguel Martínez convoca una oposición libre para el nombramiento interino de tres auxiliares y tres administrativos para el servicio de Recaudación que pasaría a asumir el Ayuntamiento después de que estuviera en manos de la empresa Tribugest. Además, se da la circunstancia de que los la mayoría de los trabajadores contratados por decreto de Alcaldía en diciembre de ese mismo año trabajaban en dicha empresa. El sindicato USO recurre estos nombramientos por considerar que no se ajustaron a la legalidad y que, además, no existían razones para contratar a funcionarios interinos.

Dos años después, en el 2009, el Contencioso da la razón a los denunciantes y obliga al Ayuntamiento a anular dicha convocatoria y a despedir a los trabajadores. Sin embargo, San Andrés recurre al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que vuelve a dar la razón a USO en el 2010. Desde entonces la sentencia estaba sin ejecutar.