Suplanta a otro soldado de la UME para quedarse su nómina y le piden 27 meses
La defensa alega que no se dio cuenta del cobro y lo achaca a un simple error.
Un soldado del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) destinado en San Andrés del Rabanedo será juzgado el próximo día 20 de septiembre, a partir de las 9.30 horas acusado de un supuesto delito de estafa continuada en la modalidad de estafa informática, por el que el Ministerio Fiscal propone una pena de dos años y tres meses de prisión.
Se le acusa de suplantar a otro compañero a través de la intranet de Defensa, al que modificó los datos de su cuenta bancaria para cobrar sus nóminas de octubre y noviembre. La defensa sostiene que no hay pruebas de que fuera él quien cambió el número de cuenta y que no se apercibió de que había cobrado dos veces su sueldo porque había participado en la extinción de muchos incendios en la provincia de Pontevedra en verano y creyó que el aumento en sus emolumentos correspondía a dietas.
La acusación pública cree probado que tras cambiar los datos personales en el sistema informático de Defensa, el acusado trató de cobrar 1.285 euros primero y 1.406 después que no le correspondían. «No logró su propósito porque el perjudicado se percató de la añagaza urdida por el acusado», explica el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.
72 horas trabajando
La letrada de la defensa niega que su cliente modificara los datos del sistema informático y lo achaca a un error de cálculo. En el mes de agosto, el procesado había estado 72 horas seguidas sin dormir sofocando incendios en Pontevedra. Después de haber permanecido una semana entera en aquella zona, pensó que el concepto por el que habían aumentado sus ingresos era las dietas, ya que aunque su sueldo habitual era de 1.026 euros había llegado a percibir en algunos casos hasta 2.000 euros.
La defensa niega que el imputado modificara los datos o que supiera acceder a las claves para hacerlo y rechaza que conociera el nombre del usuario y las claves necesarias para poder llevar a cabo la operación.
Reconoce que el jefe de la Sección de Cobros le pidió que devolviera el dinero, pero no disponía de liquidez para hacerlo. Por todo ello exige la libre absolución.