Reacciones

La presidenta de la asociación de padres del centro residencia de alumnos discapacitados Sagrado Corazón de León, Ana Valduesa, recordó ayer que las administraciones «tienen el deber y la obligación de cooperar entre ellas para ofrecer el servicio a los ciudadanos y tienen mecanismos legales para hacerlo».

Valduesa manifestó a Efe que los padres están «furiosos» porque «dicen que es mentira que hayan aceptado ese cambio en la escolarización de sus hijos», en respuesta a un comunicado difundido ayer por al Junta de Castilla y León en la que afirmaba que habían llegado a un acuerdo con los padres.

Valduesa recordó también que los padres remitieron un escrito a la Diputación y a la Junta de Castilla y León para exigir responsabilidades a ambas administraciones. «Lo que no pueden hacer», ha dicho, «es tirarse de los pelos y dejar a estos alumnos sin un derecho reconocido».

Pese a que reconoció un «problema de competencias» entre ambos organismos, Valduesa ha señalado que los padres «no comprenden porqué no pueden seguir desempeñando un servicio en esa residencia como lo han estado haciendo durante 45 años».

Críticas de IU

El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, denunció ayer el ridículo de la Junta y la Diputación para pisotear los derechos de los residentes. «Ahora se enzarzan intentando trasladar la responsabilidad de la patada en el culo que sufren los niños y niñas afectados».