El concierto catalán desafina en León
La exigencia de financiación de Cataluña supondría una fractura del sistema de solidaridad interregional, del que se benefician especialmente territorios menos desarrollados y con más cargas, como la provincia.
Los gastos en prestaciones sociales son una de las causas del déficit en las cuentas de la provincia con el Estado.
León aporta al Estado en impuestos y cotizaciones mucho menos de lo que recibe en prestaciones y servicios. Es una tendencia que está acentuándose con el tiempo, como ocurre con todos los territorios en los que el envejecimiento y la atonía económica inclinan la balanza cada vez más del lado del as necesidades.
Bajo la premisa de que todos los ciudadanos del Estado deben gozar de la misma calidad en los servicios públicos, el modelo de financiación se basa en un sistema de solidaridad entre territorios que implica que los más ricos ceden parte de sus ganancias en favor de los más deficitarios. El único modelo que permite una cierta cohesión y convergencia territorial.
Este modelo es el que ha permitido una situación de mayor equilibrio en el desarrollo y el bienestar del país en conjunto, aunque la crisis ha abierto de nuevo la brecha entre la riqueza de las regiones tradicionalmente más ricas y las históricamente más empobrecidas.
El modelo sólo tiene dos excepciones: el concierto vasco y el convenio navarro, las dos autonomías que, con estar entre las más ricas, aportan mucho menos al fondo de cohesión entre territorios. En época de vacas flacas, drásticos recortes sociales y petición de rescates financieros, Cataluña vuelve a la carga con fuerza con una vieja aspiración: gestionar sus propios recursos económicos. Una Hacienda propia. Un concierto al modo vasco que, en territorios como Castilla y León, suena desafinado.
Un saldo negativo
Lo cierto es que la provincia tiene un abultado saldo negativo en la diferencia entre lo que aportan al Estado en impuestos y cotizaciones sociales (616 y 1.433 millones de euros respectivamente) y lo que perciben en prestaciones sociales, sobre todo en pensiones (2.568 millones), y transferencias a las familias tanto en dinero como en especie (sanidad, educación, etc.). Sólo estas últimas suponen casi 2.000 millones de euros.
Por hacer la comparativa autonómica, Castilla y León aporta 7.805 millones de euros en cotizaciones sociales y 3.458 millones en impuestos directos (IRPF, patrimonio,...). Recibe en prestaciones sociales 10.843 millones de euros y en gastos en educación, sanidad y otros servicios públicos casi 10.000 millones de euros. Unos 9.400 millones de euros de diferencia a favor de la Comunidad, según los últimos datos de contabilidad regional publicados por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), que realiza unos de los informes más exhaustivos sobre los ingresos y gastos de las provincias.
En el caso de Cataluña, esta Comunidad aporta en ingresos por impuestos directos al Estado 15.895 millones de euros, y en cotizaciones sociales casi 28.000 millones de euros, 3,5 veces más que las nueve provincias de Castilla y León.
También es mucho más abultado el presupuesto que percibe en concepto de prestaciones sociales, 28.762 millones de euros, casi el triple que Castilla y León y creciendo, porque los expertos advierten que sólo el pago del desempleo tiene una incidencia mucho más grande en el territorio catalán.
También el Estado invierte el doble en Cataluña que en Castilla y León en las transferencias «en especie», es decir, en servicios sanitarios y educativos entre otros. 21.605 millones frente a los menos de 10.000 de la Comunidad.
En conjunto, la renta de la que disponen en conjunto las familias (sus ingresos más las transfernecias que reciben menos lo que pagan a las administraciones) suma 45.777 millones de euros en Castilla y León (1.874 de ellos en León); pero asciende en Cataluña a 146.269 millones de euros.